“Entre los anuncios que se hicieron no hay ninguno que vaya a cambiar las perspectivas de crecimiento de los próximos años”, resume categórico el director del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera (CREM) de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, en alusión al mensaje presidencial del 21 de mayo.
“El tono conciliador es importante, pero uno quisiera a esta altura una suerte de guía de lo que se pretende hacer en materia de reformas políticas, que creo está generando las mayores dudas de los inversionistas que están postergando decisiones de inversión”, sostiene el también ex superintendente de Valores y Seguros.
Enfático, precisa: “La economía chilena está sana y, apenas se aclaren estas cosas, tiene todas las condiciones para retomar una senda de crecimiento importante (...) Y, en ese sentido, al discurso le faltó claridad política, le faltó habérsela jugado más por valorar ciertas cosas que son importantes para el crecimiento”.
- ¿Cómo una mayor definición en el tema laboral, por ejemplo?
- No. Lo que falta es explicarle a la ciudadanía que es coherente tener una economía donde haya simultáneamente más derechos laborales con el emprendimiento. Es perfectamente coherente el que uno pueda tener una economía con impuestos más altos, con derechos sociales que tengan más garantías por parte del Estado, con un mercado laboral donde se respeten más los derechos de los trabajadores y eso es coherente con una economía que crece, que invierte, con empresas sanas que salen al resto del mundo. Ese relato faltó.
- En esa línea, ¿cree que será efectiva la alianza público-privada pro crecimiento a la que invitó la Presidenta?
- Es importante que se haya dicho, pero lo que persiste hoy en la mente de los inversionistas son dudas respecto de hacia dónde quiere encaminar el gobierno este tipo de reformas, es distinto. Una cosa es llamar a esta alianza público-privada, que está bien, pero otra lo que el gobierno quiere, lo que la Presidenta quiere hacer en materia de reformas hacia adelante y cuán coherente es ese llamado con una economía que invierte, con empresas que toman riesgos. Esa parte quedó flaca.
Hay que mostrar -y en eso el mensaje del gobierno no fue del todo convincente- que es perfectamente compatible una economía capitalista con derechos más fuertes para los trabajadores, para quienes defienden el medio ambiente y para quienes defienden a las comunidades.
En el mundo desarrollado esa dicotomía no existe, porque las empresas entienden que para poder invertir necesitan pagar impuestos, necesitan respetar estándares medioambientales elevados, necesitan insertarse en un contexto democrático.
Está bien la alianza público privada, pero en el mundo empresarial hoy en día hay dudas respecto de si ese nuevo Chile -ese Chile que pretende tener estándares ambientales más altos, que pretende tener derechos laborales más protegidos-, es compatible o no con la empresa privada y es compatible, pero faltó una explicación más clara de cómo se compatibilizan esas cosas. Acá el empresariado ha tenido por muchos años una actitud y un ambiente donde toda la balanza estaba a favor de la empresa y creo que hoy se está rebalanceando eso, dando más importancia a los derechos del medio ambiente, a los derechos laborales y eso es compatible con la empresa, es compatible con el crecimiento, con la toma de riesgo, con la maximización de utilidades.
- ¿El compromiso con la consolidación fiscal puede haber sido un mensaje a las clasificadoras de riesgo para evitar un eventual cambio en la perspectiva ante el alza de la deuda?
- Podría ser, a lo mejor eso fue lo que primó, pero uno tiene que ser claro en el diagnóstico, y el diagnóstico que tenemos nosotros es que nos interesa mucho la solvencia fiscal. Chile es un activo país y toda la clase política de derecha y de izquierda valoriza la solvencia fiscal como un activo importante. Pero, al mismo tiempo, hay que decir que no tenemos un problema fiscal hoy y que en caso de necesidad, por ejemplo si es que el escenario internacional empeorara respecto de lo que es actualmente, a lo mejor se va a tener que usar la política fiscal de manera más activa. Hay que resguardar esas dos caras de la medalla.
- El panorama para el mercado laboral se ve complicado, ¿el plan que anunció la Presidenta a través de la construcción de viviendas servirá para contener un alza del desempleo?
Si es que las cifras del último trimestre son decidoras de lo que viene para adelante, entonces el anuncio no corresponde, desde esa perspectiva fue tímido. Por eso creo que se debe mantener el discurso que nos interesa la solvencia fiscal, no tenemos un problema fiscal y si es necesario para efectos de resguardar el empleo o de hacer frente a una situación internacional más complicada, se debería haber dejado abierta la opción a tener una política fiscal más agresiva.
- En el discurso volvió a surgir la creación de una AFP estatal, pero se dejó para más adelante una reforma estructural al sistema de pensiones, ¿qué le pareció esta medida?
- La AFP estatal no solucionará el problema de las pensiones en Chile y, al revés, lo que hace es que le transfiere al Estado una responsabilidad de la cual no va a poder hacerse cargo. Tratar de resolver el problema de pensiones a través de una AFP estatal no es el camino, no es la alternativa. Los problemas de pensiones tienen que ver con la longevidad, que se ha ido acelerando en forma muy marcada en los últimos diez o veinte años y, frente a eso, los ahorros que se acumularon en las cuentas de los trabajadores no han sido suficientes para las aspiraciones de pensiones que tienen los chilenos hoy día; y la AFP estatal no soluciona ese problema.
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