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Heidi Berner: “Hay una percepción de fraude en el uso de la ficha y nos tenemos que hacer cargo”

Heidi Berner explica los cambios que implica el esquema que reemplazará a la Ficha de Protección Social desde el 1 de enero.

Por: Fernando Duarte | Publicado: Miércoles 30 de diciembre de 2015 a las 04:00 hrs.
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Tras casi dos años de trabajo, que incluyeron visitas a todas las regiones, cabildos y decenas de reuniones con dirigentes vecinales y funcionarios municipales, el Ministerio de Desarrollo Social se alista para poner en marcha el Registro Social de Hogares.

El nuevo sistema, creado con el apoyo del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reemplazará a la Ficha de Protección Social desde el 1 de enero.

A menos de dos semanas de que entre en vigencia, la subsecretaria de Evaluación Social, Heidi Berner, explica que este modelo responde al compromiso del gobierno de implementar un nuevo patrón que permitiera que el Estado asumiera más responsabilidad para identificar a los beneficiarios de las prestaciones sociales, y que se excluyeran a personas de altos ingresos.

Con esa premisa comenzaron a analizar los distintos escenarios, estableciendo que lo mejor era usar la información que el Estado ya poseía con la Ficha de Protección Social, la que se contrastaría con todos los datos que tienen instituciones como el Servicio de Impuestos Internos (SII), Registro Civil, Superintendencia de Pensiones o el Instituto de Previsión Social, entre otros. “Esa información permite validar efectivamente cuáles son los ingresos del hogar”, explica.

- ¿Cuándo comenzó el trabajo para crear este nuevo sistema?

- Trabajamos en 2014 en el modelo conceptual de cómo esto iba a funcionar en la nueva calificación socioeconómica que va a reemplazar al puntaje de Ficha de Protección Social y durante 2015 se puso en marcha con capacitaciones y el diseño de todas las plataformas (informáticas). Y además trabajamos para que tuviera un reglamento. Eso es bien importante porque en enero esto va a partir con un reglamento que está tramitado en la Contraloría.

- ¿Y cuál es la novedad que tiene este reglamento?

- Es mucho más amplio y su objetivo es regular el sistema de apoyo de selección de usuario de prestaciones sociales. Es un reglamento extenso que explica cuál es el sistema y que contiene el registro social de hogares, mecanismos de apoyo a la selección y actualización de información.

- ¿Cuál es el universo de personas que pasará de un sistema a otro?

- Todos los hogares que hoy cuentan con una Ficha de Protección Social vigente van a pasar al Registro Social de Hogares. En ese contexto hay que aclarar que no tiene que volver a encuestarse a la gente que ya se encuestó. Nosotros vamos a añadir información de registro administrativo que está suficientemente actualizada.

Hoy hay 4,3 millones de hogares que tienen una Ficha de Protección Social vigente, que significa alrededor del 66% de la población en Chile, unas 12 millones de personas.

- ¿Piensan tomar medidas para evitar los abusos que se producían antes?

- Eso también fue importante en el diseño. El sistema tiene una nueva calificación socioeconómica que es la que reemplaza el uso del puntaje de la ficha. Yo diría que los abusos del sistema anterior no eran tantos, aun cuando haya casos pensando en que hay 4,3 millones de hogares. Pero todavía existe una percepción de que había un fraude extendido respecto de la ficha y nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso. ¿Cómo? Generando una calificación socioeconómica que en realidad es un ingreso per cápita corregido por un índice de necesidades.

- ¿Lo que significa?

- Es decir, se sumarán todos los ingresos del hogar y esa información vendrá principalmente de registros administrativos. Del SII, de la Súper de Pensiones y del seguro de cesantía, entre otros. Entonces, esa información permite validar efectivamente cuáles son los ingresos del hogar, lo que se dividirá por la cantidad de integrantes del hogar, pero teniendo en cuenta un índice de necesidades, que en la práctica significa reconocer que a un hogar se le genera una mayor necesidad cuando, por ejemplo, tiene presencia de adultos mayores o alguien en situación de discapacidad. Ese hecho de que se base principalmente en datos administrativos ya genera una menor vulneración al sistema.

- ¿Esto hará que el sistema funcione mejor que el que había?

- Sin lugar a dudas. El generar este registro social de hogares con mejor información para el diseño y toma decisiones en la asignación de beneficios en sí mismo, tiene un potencial que permite ir avanzando gradualmente hacia el uso de otros mecanismos de selección que no sean sólo aquellos basados en los ingresos de los hogares.

- ¿Se inspiraron en el sistema de algún país en particular para crear este registro?

- Una de las primeras cosas que hicimos fue pedirle al Banco Mundial que nos diera una mirada de cómo otros países, especialmente de la OCDE, tienen estos registros sociales de hogares. Incluso participamos en algunos seminarios, donde mostraban el caso de Finlandia donde estos registros se unen de mejor forma al dato administrativo, pero además son registros que tienden a la universalidad. En la práctica, cualquier chileno puede ser parte del Registro Social de Hogares, pero distinto es si todos tienen acceso a los beneficios.

- En la ficha de protección los municipios tenían un papel importante. ¿Seguirán teniéndolo?

- En el nuevo registro quien sigue siendo el ejecutor es el municipio, pero añadiéndole posibilidades a los miembros del hogar de hacer trámites vía plataformas.

- ¿Cuánto ha invertido el gobierno en implementar todo esto?

- Tenemos dos fuentes de financiamiento: la transferencia de recursos a los municipios desde la Subsecretaría de Servicios Sociales, y las que tenemos desde la Subsecretaría de Evaluación Social, que tienen que ver con la parte informática, las plataformas y esas cosas. En el Presupuesto 2016 lo que es transferencia a municipios y tiene que ver con el Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficio Social son $ 6 mil 200 millones. Ahora, lo que tiene que ver con equipamiento informático son $ 1.000 millones.

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