Una profunda revisión al Estatuto de Inversión Extranjera en Chile es la próxima batalla que dará la Concertación al gobierno. Eso es lo que persigue la oposición tras el acuerdo alcanzando entre ambas partes para establecer un nuevo royalty a la minería, donde se incluyó la creación de un panel de expertos que modernice el Decreto Ley 600.
Los senadores concertacionistas -que lideraron las conversiones con el Ejecutivo por royalty- señalan que revisar y modernizar el DL 600 pasa porque los beneficios tributarios y la invariablidad que entregan a los inversionistas hoy ya no se justifican, dado que fue creado en 1974.
Según consta en el Servicio de Impuestos Internos (SII), en ese año se permitió que el inversionista extranjero pudiera optar por un impuesto de 42%, en vez del Impuesto Adicional de tasa 35%, pues en caso de optar por el 42% la tasa queda fija por un período de 10 años, el cual podrá ser aumentado a un máximo de 20 años para las inversiones industriales o extractivas de US$ 50 millones o más.
Además, el inversionista que opta por esta invariabilidad tributaria no se ve afectado, por ejemplo, por un alza en el Impuesto Adicional.
También existe la posibilidad de acordar el "congelamiento" o fijación del IVA y del régimen arancelario aplicables a la importación de máquinas y equipos que no se produzcan en el país.
Pero en el año 2005, el Estatuto de la Inversión Extranjera fue modificado por la Ley 20.026, con el fin de otorgar nuevos derechos durante un máximo de 15 años para las inversiones mayores a US$ 50.000.000 destinadas a proyectos mineros.
Por qué el cambio
Si bien, comentan fuentes que participaron en la negociación, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, desde un principio no estuvo de acuerdo con abrir este flanco, los senadores de la oposición insistieron en colocar esta alternativa a cambio de los votos para aprobar el proyecto de royalty.
La primera semana de septiembre, los presidentes de los partidos de la Concertación le entregaron al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, su propuesta sobre cómo gravar la actividad minera, donde se incluía "la creación de un nuevo estatuto para la inversión extranjera como punto central de nuestra propuesta para aprobar el royalty". Así lo recuerda el senador José Antonio Gómez (PRSD), quien actúo como coordinador en las negociaciones.
"Entiendo que todos los puntos que le planteamos (al ministro en esa reunión) fueron recogidos por el gobierno", señala y afirma que "pedimos el cambio, porque en 1974 el país estaba aislado del mundo (...) y este mecanismo hoy les permite pagar pocos impuestos y nosotros consideramos que esto tiene que ser modificado porque el país cambió".
En este sentido, dice, "se debe pensar en un decreto de Invesión Extranjera que tenga los reguardos necesarios para que no se produzcan bajos pagos de impuestos, para que se establezcan criterios de incentivo para las empresas extranjeras que le dan valor agregado a sus exportaciones".
El diputado Carlos Montes (PS) indica que también se debe terminar con la invariabilidad que entrega el DL 600, ya que "ésta se justifica en un gobierno militar, de aislamiento internacional, pero no existe ninguna razón para que Chile hoy tenga que establecer invariabilidades".
Para el senador Camilo Escalona (PS) "el país está en una situación en que, perfectamente, puede a través del Congreso legislar sobre aquellos aspectos débiles para los inversionistas extranjeros y que no quedaron debidamente resueltos dado las características de aislamiento internacional (1974)".
Por ello, se constituirá un panel de expertos que estará compuesto por 4 representantes de la Coalición, 4 de la Concertación y un representante del Ministerio de Hacienda. Aunque hasta ahora los nombres se están estudiando, dos senadores de la oposición miran con buenos ojos que uno de sus cupos sea para el economista de la Universidad de Chile, Oscar Landerretche.
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