En su paso por la Cámara, el proyecto que crea un impuesto al patrimonio se desvirtuó, ya que la Sala rechazó el nuevo tributo por no haber alcanzado el quórum y aprobó una indicación de legisladores oficialistas que reduce por un año la tasa del IVA a entre 10% y 4% para algunos productos y servicios considerados básicos, como alimentos, artículos sanitarios, hotelería y medicamentos, por citar algunos.
Dicha medida no solo no genera consenso a nivel parlamentario, sino que también ha sido criticada por técnicos transversales, apuntando a la eventual regresividad de reducir el tributo para los consumidores de más altos ingresos.
En este escenario, el grupo tributario de Unidad Constituyente (PS, PPD, PR, DC, PRO y Ciudadanos) elaboró un documento en el que desliza una dura crítica a la propuesta, señalando que no logrará aliviar la situación de los hogares más vulnerables afectados por la pandemia.
"Si bien este tributo es reconocido como un tributo regresivo, y existe un IVA diferenciado en diversos países como Alemania, Canadá, Australia, España, Francia, México, y otros dentro de un largo listado, la iniciativa propuesta de diferenciar la tasa del impuesto por un año solo traerá más problemas", señala el análisis, elaborado por Michel Jorratt, Hernán Frigolett, Álvaro García y Juan Pablo Cabello.
Los expertos aluden a seis puntos clave para desestimar la iniciativa. Primero, argumentan que siendo una medida que implica un costo fiscal "muy relevante", no se traslada íntegramente como un menor precio en favor del consumidor final.
"Ello porque se elimina solo el IVA generado por la última agregación de valor, no de toda la cadena. Si se trata del pan, se desgravará el trabajo del panadero; no del que produjo el trigo, la maquinaria y los combustibles para hacerlo. Por ello su impacto será mucho menor que el porcentaje en que se reduce el IVA. Además, considerando que Chile tiene mercados concentrados (y a veces oligopólicos), es predecible que la rebaja para el consumidor final será inmaterial, generando el consecuente descontento de la población", plantean.
En segundo lugar, apuntan a las dificultades para cumplir y fiscalizar el IVA rebajado: "La incorporación de tasas diferenciadas conlleva incorporar un mayor costo de control, revisión e implementación. Por ello, no es razonable adoptar este tipo de medidas sin haber fortalecido previamente la capacidad fiscalizadora de la autoridad tributaria".
Tercero, aseguran que genera un "alto grado" de interpretación, de categorización de productos y, por ende, altos niveles de evasión, "que lo hacen una herramienta inconveniente". Cuarto, aluden a los problemas operativos que genera en el pequeño contribuyente: "¿estamos dispuestos a generarle, imaginemos al dueño de un almacén, un cúmulo de problemas operativos y de cumplimiento? ¿Deberán separar las boletas? ¿El pequeño productor acumulará créditos fiscales? ¿Tendrá que llevar dos contabilidades?", cuestionan.
Una quinta razón es que el beneficio no es suficientemente focalizado, "porque esta rebaja beneficiaría indistintamente a sectores de bajos y altos ingresos, ya que se trata de productos de consumo generalizado y los grupos de más altos ingresos siempre consumirán más, captando una mayor proporción de los pocos beneficios".
Un último argumento es que si bien existe este mecanismo en muchos países, "no es menos cierto que su existencia se ha debido más a razones políticas que técnicas. Por lo mismo, es dudoso que una modificación transitoria como ésta, no termine convirtiéndose en una modificación permanente.
La contrapropuesta
Dicho todo lo anterior, Jorratt, Frigolett, García y Cabello proponen en su lugar que se le devuelva el IVA a los hogares de menores ingresos. Al respecto, señalan que existe "valiosa experiencia internacional", como en Portugal (con una compensación focalizada), Canadá (con crédito fiscal para familias de bajos ingresos), Colombia (con una devolución bimestral a un millón de familias), o Nueva Zelandia (con devolución a familias con menores de edad dependientes).
También, los expertos ponen sobre la mesa avanzar hacia un impuesto negativo al ingreso que permita garantizar un ingreso básico universal. "En términos simples, consiste en cobrar impuesto a la renta (en forma progresiva) a las personas que superen cierto umbral de ingresos, y subsidiar a aquellos que no lo alcancen para que cubran esa diferencia", especifican.
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