Impuestos ambientales: Chile recauda más que América Latina, pero le falta para alcanzar a la OCDE

Algo más de una semana ha pasado desde que el informe del Panel Intergubernamental de Expertos de la ONU para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) conmocionó al mundo, advirtiendo que los efectos del calentamiento global ya están aquí y serán irreversibles a menos que la humanidad realice cambios estructurales para reducir las emisiones de gases contaminantes.

El tema no solo puso sobre la mesa la revisión de las metas de carbono neutralidad en distintos países -incluido Chile-, sino también los diversos instrumentos a disposición de los estados para desincentivar el uso de tecnologías contaminantes.

Una de esas herramientas es la tributaria, a través de la aplicación de mayores impuestos, por ejemplo, a las gasolinas, al carbono y a las actividades contaminantes (conocidos también como impuestos verdes).

Un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) da cuenta de los crecientes esfuerzos de los países para gravar las fuentes contaminantes, práctica en la que Chile ha dado pasos en los últimos años, aunque en términos recaudatorios aún le falta para alcanzar el estándar de los países desarrollados.

Acorde al reporte, el país recolectó en 2019 -último año con estadísticas comparables entre países- el equivalente a 1,3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos relacionados al medio ambiente, cifra levemente superior a los 1,2 puntos del Producto que recauda el promedio de América Latina y el Caribe, pero aún lejos de los 2,1 puntos que ingresan en promedio en las 37 naciones del denominado "club de los países ricos".

Así, Chile se ubica en el octavo lugar del conteo entre 25 países de la región, detrás de Guyana (4 puntos del Producto), Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Uruguay, Bahamas y Nicaragua.

Según la organización, un impuesto ambiental es un impuesto cuya base es una unidad física (o un equivalente de una unidad física) de algo que tiene un probado y específico impacto nocivo sobre el medio ambiente, independientemente de si el impuesto está destinado a cambiar las conductas o se aplica para otro objetivo.

Más en detalle, los ingresos provenientes de los gravámenes al diésel y la gasolina representaron el 0,7% del PIB en promedio en la región y cerca del 65% de la recolección total de tributos, cifras que se comparan con el 1,5% del PIB de la media de la OCDE. Asimismo, lo ingresado gracias a gravámenes sobre los vehículos motorizados y servicios de transporte ascendió al 0,4% del Producto en la zona, representando el 35% de lo restante en materia de ingresos tributarios medioambientales. La proporción del tamaño de la economía es levemente inferior a la media de los países desarrollados (0,5% en 2019).

En estas proporciones, Chile recauda 0,9 puntos del Producto provenientes de la energía (diésel y gasolina), un 0,33% del transporte, 0,07% a gravar las fuentes contaminantes y un 0,04% del PIB desde los recursos naturales.

Una región rezagada

"Los países de América Latina y el Caribe han sido lentos en aplicar impuestos relacionados con el medio ambiente. A pesar de que se han introducido impuestos sobre el combustible (principalmente por la recaudación de ingresos más que para fines medioambientales), muchos países también proporcionan subsidios para los productos energéticos con el objeto de mitigar el impacto de los altos y volátiles precios del petróleo, control de la inflación, impulso de la competitividad y la protección de los sectores más pobres de la población", advierte el organismo multilateral en el reporte.

Eso sí, el texto destaca a Chile junto a México y Colombia como los países que en lo más reciente han aplicado nuevos tributos verdes en la región.

"En Chile, se aprobó una importante reforma tributaria que incluye nuevos impuestos relacionados con el medio ambiente en 2014. Esto incluyó un impuesto sobre las compras de vehículos a motor, que se introdujo en 2015 sobre la base de la eficiencia energética y las emisiones de los vehículos. Chile introdujo un impuesto al carbono como parte de los nuevos impuestos verdes (Ley 20.780) que entraron en vigor en 2017. Se aplica una tasa uniforme de US$ 5 por tonelada de CO2 a las emisiones de CO2 de las instalaciones cuya capacidad total de energía térmica de calderas y turbinas sea de al menos 50 MWt. Los impuestos verdes también se aplican a contaminantes como el material particulado, el NOX y el SO2", reseña el documento.

Un tema de campaña

La incorporación de tributos a las fuentes contaminantes ha sido una de las claves en materia de impuestos en las propuestas de los presidenciables.

Por ejemplo, el programa de Gabriel Boric contempla la modificación de la Ley Orgánica Municipal, entregando mayores facultades ambientales y de recaudación, a través de la Ley de Rentas e impuestos verdes para el diseño y ejecución de planes locales de adaptación climática y su fiscalización. También, apunta a avanzar a un impuesto de 7 UTM por metro cúbico para gasolinas y diésel, "sin exenciones", desde las 6 UTM para gasolinas y 1,5 UTM para diésel actuales.

La propuesta de Paula Narváez también contempla nuevos impuestos verdes, cuya recaudación se destinará a un denominado "Fondo Soberano para la Inversión Social y Productiva", en base a la experiencia noruega. En específico, el programa de la exvocera de gobierno apunta a aumentar desde US$ 5 por tonelada a US$ 30 por tonelada emitida el impuesto al CO2. A su vez, busca incorporar a los vehículos comerciales en el impuesto a los medios de transporte contaminantes.

Por su parte, la propuesta de Sebastián Sichel busca aumentar "paulatinamente" la tributación de los combustibles y las emisiones de dióxido de carbono a los niveles de la OCDE.

En tanto que Yasna Provoste impulsa una "profundización" de los impuestos verdes, aumentando el gravamen a la emisión de carbono y ampliando la base y la tasa del tributo a las fuentes fijas contaminantes, "y ver su complementariedad con otros impuestos como a los hidrocarburos". También, propone eliminar el crédito del impuesto específico al diésel para las empresas de transporte de carga, constructoras, e industrias.