La ministra del Trabajo, Camila Merino afirmó que
se estudiarán los despidos por fuerza mayor realizados en las zonas más
afectadas por el terremoto del pasado 27 de febrero, que ya suman 6.111
personas sin trabajo por el uso del artículo 159 de la actual normativa
laboral.
Dicha clausula permite desvincular empleados por situaciones de "caso
fortuito o por fuerza mayor" sin derecho a indemnizaciones.
Según la secretaria de Estado, "se debe clarificar qué se entiende por
fuerza mayor", afirmando que "una empresa no tiene derecho a la
causal de fuerza mayor por encontrarse en la zona de catástrofe, tiene que ser
una empresa que realmente tenga todas sus instalaciones dañadas".
En este contexto, subrayó que se monitoreará la situación para "clarificar
que no haya un abuso de la clausula".
Merino reiteró su llamado a la Confederación
de la Producción y el Comercio y a las organizaciones gremiales, con quienes afirmó existe un compromiso respecto al tema, para "no hacer
mal uso de este artículo".
Respecto a la regularización del empleo en la zona de catástrofe,
a juicio de la autoridad "los primeros tres meses van a ser complicados", precisando
que el proceso de recuperación del mercado laboral podría comenzar incluso en seis meses más.