El 7 de enero de 2021 cumplirá un año en el Senado sin análisis y totalmente detenido el proyecto de ley que moderniza y transparenta el marco regulatorio de las notarías, estableciendo modificaciones sustantivas en la normativa que rige al sistema registral, el cual a inicios de año fue aprobado en primer trámite en la Cámara de Diputados con amplia mayoría.
Por el letargo en la tramitación de la normativa -que todos coinciden es necesaria y urgente- se responsabilizan mutuamente parlamentarios y el Ejecutivo, que esperan que en 2021 la normativa finalmente pueda ser despachada por el Congreso.
Mientras desde el Ejecutivo se señala que han aplicado las urgencias necesarias, desde el Senado se afirma que no ha existido espacio en la agenda de la comisión de Constitución para analizar el texto debido a que la prioridad ha estado en temas relativo al proceso constituyente en curso.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, sostiene que la reforma culminó su tramitación en la Cámara de Diputados en enero "transformándose en el proyecto de ley en la materia que más ha avanzado en la historia del Parlamento", pero enfatiza que "eso no es suficiente. El Senado no ha retomado su discusión, pese a que el proyecto ha tenido suma urgencia en 23 oportunidades".
El secretario de Estado asegura que al Gobierno "le urge" poder avanzar en esta materia "y esperamos consensuar con la comisión un cronograma para que sea puesto en tabla y despachado lo antes posible".
El Parlamento responde
El presidente de la comisión de Constitución del Senado, Alfonso de Urresti (PS), afirma que es "imposible darle el tiempo adecuado" al proyecto debido a las otras prioridades de la instancia.
"El gobierno debe reordenar sus prioridades y al menos en la comisión le daremos la prioridad que requiera dentro de un conjunto de proyectos para la sociedad, sobre todo en materia constitucional".
El legislador recalca que la comisión tiene "la mejor voluntad" para avanzar en el texto, "pero claramente este proyecto compite con otras iniciativas que el propio gobierno ha impulsado en materia de reformas constitucionales" y recuerda que "hemos despachado escaños reservados, votación de independientes, voto en el extranjero, primer y segundo retiro de AFP, retención de deudas por alimentos, estamos tramitando el Código de Aguas, sin contar las comisiones mixtas".
De Urresti evita dar fecha para iniciar la discusión, aunque promete que "lo tramitaremos con máxima celeridad tan pronto tengamos la capacidad y disponibilidad en la tabla, pero también es importante que se entiendan todos los proyectos en trámite. Hay algunos en materia constitucional que son fundamentales como la modificación al Código de Aguas, delitos ambientales; y matrimonio igualitario que también tienen máxima prioridad".
El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker (DC), lamenta el retraso en el análisis del texto. "Nosotros despachamos la reforma en enero de 2020, porque entendimos que era de máximo urgencia. Pero es absolutamente inaceptable que esto se haya dilatado tanto", señaló.
Sobre el recargo en la agenda legislativa, el parlamentario argumenta que "entendemos que el proceso constituyente y otras materias han demandado mucho trabajo, pero por ejemplo, nosotros en la comisión de Constitución de la Cámara estamos sesionando cuatro y hasta cinco veces a la semana".
En el mismo sentido se manifiesta el diputado Jorge Alessandri (UDI), quien indica que "es un poco frustrante que luego de todo ese trabajo esto termine durmiendo el sueño de los justos en el Senado. Estos son los proyectos que le cambian la vida a las personas con más trámites por internet y no presenciales; y en pandemia eso es más importante que nunca, espero que el Senado se ponga las pilas en esta reforma".
Fin a la discrecionalidad
El ministro Larraín señala que espera dejar aprobado el proyecto antes de que termine la actual administración en marzo del 2022, "superando los diques de contención que han surgido, una reforma al sistema notarial y registral que se traducirá en un cambio sustancial en la experiencia que vive la gente cuando va al notario, con mejores estándares de atención y procesos más rápidos, ahorrándole tiempo y dinero a la ciudadanía".
Agrega que en este sentido "nuestra reforma es amplia y profunda, ya que traerá mayores estándares de transparencia, aumentará la competencia con la creación de los fedatarios, disminuirá los niveles de discrecionalidad en los nombramientos, y por sobre todo, incorporará fuertemente el uso de nuevas tecnologías, de manera que -por ejemplo- todas las notarías tengan trámites en línea y publiquen en sus páginas web el detalle de sus servicios con los respectivos precios".
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