Un nuevo -pero no menos complicado- paso dio ayer la reforma laboral en el Congreso. Tras dos maratónicas jornadas, la sala del Senado aprobó el proyecto, pero sin acallar los focos de conflicto.
Uno de ellos, el generado por el respaldo a la indicación de “adecuaciones necesarias” propuesta por el gobierno, que fue respaldada por votos de la DC y de la oposición.
Antes de que eso ocurriera, las aprensiones quedaron en la mesa. El senador socialista, Carlos Montes, leyó un anexo de contrato celebrado entre la empresa Paris y un trabajador hace un par de meses, que enumeraba las siguientes funciones: asesoramiento y orientación a potenciales clientes, reposición de mercadería, etiquetado de productos, mantención del aseo, servicio de empaque, apoyo en el traslado de mercadería, y asesoramiento y gestión de venta. Además, incluía “otras funciones de similar naturaleza”.
Su punto, al igual que el de la mayoría del oficialismo, es que el artículo que permite al empleador realizar las “adecuaciones necesarias, con el objeto de asegurar que los trabajadores no involucrados en la huelga puedan ejecutar las funciones convenidas en sus contratos de trabajo” es ambiguo y riesgoso, porque incentivaría la incorporación de “un sinfín” de funciones en estos documentos.
Y aunque este sector reconoce que la redacción aclara que la figura es para asegurar el derecho al trabajo de los no sindicalizados y no restarle fuerza a la huelga, también se teme que la aplicación de la norma quedará en manos de los tribunales de justicia. Esto, porque el Ejecutivo “dejó espacios para la interpretación”, por ejemplo, al no acompañar “las funciones convenidas en el contrato” con los términos “y realizadas con anterioridad o ejecutadas con habitualidad”.
La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, intentó, antes de la votación del artículo, explicar que “la doctrina administrativa y judicial basada en el principio de realidad limita la falsa polifuncionalidad”. Es decir, el contrato de Paris no se podría prestar para un reemplazo interno.
Sin embargo, los DC Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, no entendieron lo mismo. El concepto de habitualidad simplemente no estaba presente. Lo mismo pasó con la oposición. Andrés Allamand (RN) aseguró que “se pueden ejecutar las funciones convenidas en el contrato, sin necesidad de haberse efectuado anteriormente”. ¿El resultado? 29 votos a favor y 1 en contra. Es decir, amplio respaldo para las “adecuaciones necesarias”, pero con distintas interpretaciones.
Sólo Adriana Muñoz (PPD) se opuso al artículo, manifestando que “la redacción es compleja, deja lugar para las ambigüedades y abre un espacio para el reemplazo interno”. La postura del resto de la Nueva Mayoría es que la aprobación del artículo 347 sobre huelga consagra la prohibición del reemplazo, ya sea interno o externo.
Se cae negociación interempresa
Pero no todos fueron puntos para el gobierno. Con el respaldo de la oposición y los DC Ignacio y Patricio Walker, Andrés Zaldívar y Manuel Antonio Matta, el Senado rechazó por 15 votos en contra y 13 a favor, la negociación colectiva interempresa obligatoria, por lo que este proceso seguirá siendo voluntario. Esta votación provocó la molestia de los trabajadores de la CUT que estaban en las tribunas de la sala, quienes fueron desalojados por el presidente de la corporación.
“No han sacado a los senadores financiados por la empresa privada y nos sacan a nosotros”, gritó molesto el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz.
El gobierno tendrá que definir si insiste o no con esta norma en la comisión mixta. También deberá resolver si mantendrá el concepto de pacífica en la negociación colectiva y en la huelga.
Titularidad y extensión de beneficios
La Nueva Mayoría aprobó, con el rechazo de la oposición, las normas generales sobre negociación colectiva y la titularidad sindical, uno de los pilares de la reforma laboral. La oposición argumentó que la norma establece "un monopolio sindical" y busca "desconocer la libertad sindical", pese a que el artículo consagra la libre vinculación y desafiliación a la organización.
El Senado visó también una de las materias que tensionó al oficialismo en la búsqueda de un acuerdo político: la extensión de beneficios. La norma fue aprobada por 19 votos a favor y 13 en contra. Los hermanos Patricio e Ignacio Walker y Andrés Zaldívar no votaron, ya que se oponen a que ello sea de común acuerdo entre el empleador y el sindicato, pero, gracias al "principio de entendimiento" que lograron con el gobierno, no bloquearon la iniciativa.
"Esta norma es lesiva para los trabajadores no sindicalizados", expresó Walker. Desde la misma colectividad, Carolina Goic refutó afirmando que "no se obliga al trabajador a afiliarse y no se vulnera el principio de libertad sindical".
Con el respaldo de la oposición y senadores de la DC, se aprobó el artículo que establece que "la negociación colectiva en una empresa contratista o subcontratista no afectará las facultades de administración de la empresa principal, la que podrá ejecutar directamente o a través de un tercero, la provisión de la obra o el servicio subcontratado que haya dejado de prestarse en caso de huelga".
También con votos DC y de la oposición, el gobierno logró despachar el artículo que impide que los trabajadores se reúnan en la empresa durante la huelga.
Más consensuada fue la postura de la Nueva Mayoría al votar favorablemente los artículos que establecen los servicios mínimos en la huelga y el funcionamiento de los equipos de emergencia, votación que contó con la abstención de la oposición.
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