“La ley de acceso a la información es un cambio tan brutal que lo privado es público”
El personero sostiene que una de las principales tareas para este año es mejorar la situación de archivos y documentos públicos.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 10 de enero de 2013 a las 05:00 hrs.
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“Nuestra mejor carta de presentación en el mundo, aparte del cobre y las uvas, es la transparencia”. Así de tajante es Alberto Precht (RN), presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia Administrativa del ministerio Secretaria General de la Presidencia (Segpres), cuando se trata de definir la importancia de ese ámbito. El encargado de los “reclamos del ciudadano”, hoy será “anfitrión” del Encuentro Regional Gobierno Abierto (Open Government Partnership) que contará con la presencia del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
- ¿Cuál es el avance de los 22 compromisos del plan de acción en transparencia que Chile suscribió? - Hay que destacar que los compromisos los trabajamos con la sociedad civil, las ONG, con el Consejo para la Transparencia, la Contraloría, y otros órganos de la administración para realizarse entre 2010 y 2013, y tenemos un 50% del plan cumplido y otro 50% en elaboración.
- ¿En qué consisten estas medidas? - Van desde medidas administrativas, como el instructivo de gobierno abierto que lanzó el presidente Sebastián Piñera en diciembre del año pasado, la creación de Chile Atiende, la creación de un portal de datos abiertos, el portal de Transparencia del Estado de Chile, hasta medidas institucionales como la regulación del lobby, la regulación de probidad pública con una nueva ley que regule patrimonio e intereses de los funcionarios públicos y el perfeccionamiento de la ley de acceso a la información.
- ¿Qué falta? - Hay algunos de tipo administrativos que nos ha causado mayor complejidad como la regulación de los archivos públicos. Tenemos un gran desafío este año, que es mejorar la situación de archivos y documentos públicos que hoy día están regulados por una ley que viene del año ´29. La idea es generar dos productos: un instructivo presidencial sobre el uso de archivos públicos y presentar una reforma a la ley de archivos.
- ¿La reforma legal en qué consiste? - Significa modernizar los archivos públicos. Tenemos hasta al momento la conciencia del archivo en papel, pero no existe -a nivel legal- una estipulación de cómo deben tratarse los archivos digitales.
Público versus privado
- En el 2012 hubo varios casos respecto al acceso de la información pública como el de los mail del ministerio de Interior...
-La ley de acceso a la información es un cambio radical en la administración, es tan brutal y tan positivo, que un día para otro todo lo que creíste secreto era público.
- ¿En el Estado qué es público y privado? - El otro día hablaba con algunos generales de un instituto armado y contaban que cuando comenzaron a implementar la ley de acceso a la información, antes que saliera promulgada, les pidieron hacer un catastro respecto de qué era secreto y al final, por cultura, para ellos todo era secreto. Lo mismo pasaba en todos los órganos de la administración del Estado. Hoy día nos damos cuenta -y por eso estos casos son tan emblemáticos- que todo es público y solamente tenemos una franja donde hay conflicto con otros derechos constitucionales.
- ¿Qué herramientas existen para que los ciudadanos tengan un acceso a la información rápida y oportuna respecto al Estado? - Hoy estamos legislando, que fue nuestro compromiso, donde señalamos claramente que había un problema de la inviolabilidad de las comunicaciones. La Constitución nos asegura -independiente si son funcionarios público o no- un ámbito de privacidad de nuestras comunicaciones.
- ¿Qué están haciendo con este acuerdo en el parlamento y con el Consejo para la Transparencia? - Regular por la ley de acceso de la información cuáles correos son públicos y cuáles quedan el ámbito privado. Fue bueno que se levantaran estos casos. Lo vamos a resolver por la vía legislativa y que por ley se tenga claro cuál correo electrónico puede ser ocultable por el público, por certeza jurídica y protección de los funcionarios públicos.
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