De esta forma, la economista de la UC, con un magíster en la disciplina y estudios de doctorado en la misma casa de estudios, corona una trayectoria marcada por los temas fiscales. Sobre todo, pensando en que fue una de las precursoras de la regla fiscal en 2001, junto con Mario Marcel, Rodrigo Valdés y Marcelo Tokman.
"Mi propósito va a ser dar continuidad al trabajo desarrollado y proyectarlo a los desafíos fiscales que el país enfrenta hoy. Por eso, buscaré consolidar aún más la robustez técnica que tiene el CFA, pero también fortalecer nuestro aporte independiente y técnico a la construcción de acuerdos transversales para que se logre materializar una senda de convergencia fiscal. El CFA ha avanzado enormemente, se ha consolidado como referente técnico y autónomo en materias fiscales", señala quien también ejerciera el cargo de consejera entre 2019 y 2023.
En su primera entrevista en el cargo, la autoridad aterriza el nuevo informe de evaluación de la situación fiscal que entregó el CFA el jueves pasado, en que levanta nuevas alertas respecto de la estrecha situación de las finanzas públicas, justo a un mes de que el Gobierno ingrese al Congreso la Ley de Presupuestos 2026.
Un aumento de esos parámetros (PIB y cobre) implica mayores ingresos estructurales, con cálculos que en su momento dará a conocer la Dipres. Pero en cualquier caso, es fundamental considerar que aunque varíen estos estos cálculos de ingresos estructurales, los resultados son estrechos".
-¿Cómo ha visto las últimas controversias, por ejemplo, los enfrentamientos que tuvo el Consejo con el anterior ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto al manejo de las finanzas públicas? ¿Ha habido presiones?
-El Consejo Fiscal Autónomo no ha recibido presiones del Congreso ni del Ministerio de Hacienda, aunque sí hemos tenido algunas diferencias de opinión. Pero eso es legítimo y el Consejo fue creado precisamente para aportar independencia técnica en el análisis de la política fiscal. Nuestro mandato es entregar recomendaciones y análisis técnicos con plena autonomía al ciclo político. De esa forma nuestro trabajo busca ser un aporte para las decisiones del Ministerio de Hacienda y el Parlamento, manteniendo objetividad y rigor técnico por sobre cualquier situación.
-¿Pero no le llamaron la atención los duros términos en que Marcel se refirió a las atribuciones del Consejo?
-Lo primero es que quien está a cargo de la administración financiera del Estado es el Ministerio de Hacienda y es legítimo que pueden existir diferencias de miradas. Sin duda, también pueden surgir tensiones, pero creo que lo importante es mantener un diálogo técnico enfocado en cómo fortalecer la disciplina fiscal desde el rol de cada organismo. Y si el CFA relativizara su visión sobre el escenario fiscal, considerando el efecto o discrepancias que sus informes pudieran generar, simplemente no estaría cumpliendo su rol.
Por otro lado, nuestros informes muestran que hemos realizado tanto valoraciones como críticas constructivas a gobiernos de distinta orientación política, pero siempre desde la perspectiva de velar por la sostenibilidad fiscal.
-Hablando justamente de las opiniones técnicas, ¿considera que el informe que publicaron esta semana es más duro en su tono que los anteriores? Levantaron varias alertas.
-Este informe se da en el contexto de una prolongada situación de estrés fiscal y hemos planteado la necesidad de aplicar medidas correctivas adicionales, porque consideramos que el cumplimiento de las nuevas metas de balance estructural -que fueron recién planteadas para 2025 y 2026- es esencial para consolidar una senda creíble de convergencia fiscal. En este sentido, las señales de alerta expresadas en los últimos informes responden a las cifras que describen la actual situación fiscal. Y levantar esas advertencias es una función que está en el corazón del mandato del Consejo y de nuestras responsabilidades.
-¿Se ha profundizado ese estrés fiscal que mencionan?
-Es importante mirar una tendencia un poco más larga. En 15 de los últimos 17 años el gasto ha superado los ingresos estructurales, con un déficit estructural promedio de 2% del PIB, al que se han sumado otros requerimientos de capital, en promedio, de más de un punto del PIB.
Además, hemos visto dificultades para realizar los ajustes fiscales necesarios. Esto ha llevado a un aumento sostenido de la deuda, acercándonos al nivel prudente de 45%.
Por otro lado, el FEES se encuentra en niveles muy inferiores a los que en el pasado nos permitieron enfrentar situaciones de crisis, como el 13,5% del PIB que teníamos en 2008, ubicándonos hoy en 1,1% del PIB. Y más recientemente, hemos tenido este desvío significativo de la meta en 2024, terminando con un déficit estructural de 3,3 puntos del PIB. Y para el 2025 las proyecciones muestran nuevamente un eventual desvío respecto de las metas ya ajustadas, y a mediano plazo anticipamos holguras de gasto negativas, incluso con acciones correctivas. Por lo tanto, enfrentamos efectivamente un escenario fiscal cada vez más estrecho y, por lo tanto, ajustar estas tendencias requiere de un amplio acuerdo y un compromiso sostenido.
El Consejo Fiscal Autónomo no ha recibido presiones del Congreso ni del Ministerio de Hacienda, aunque sí hemos tenido algunas diferencias de opinión. Pero eso es legítimo y el Consejo fue creado precisamente para aportar independencia técnica en el análisis de la política fiscal".
-¿Ahora, cuál es el riesgo ahí?
-Lo primero es que, como Consejo, consideramos que el cumplimiento de la meta de balance estructural en 2025 es fundamental, ya que un nuevo desvío podría profundizar la afectación de la credibilidad de la regla fiscal, ya que venimos de un desvío en el 2024 y de la tendencia que antes describía. Además, los ajustes que no se realicen en 2025 para cumplir la meta van a repercutir también en los próximos años.
Es esencial una gestión intensiva de los distintos riesgos fiscales para dar cumplimiento a la meta de balance estructural en 2025.
-¿Perder la credibilidad de la regla fiscal es el principal riesgo hoy?
-Ese es un riesgo muy directo, que se siga profundizando la pérdida de credibilidad de la regla fiscal. ¿Y por qué esto es importante? Porque las reglas fiscales funcionan por su credibilidad, por la señalización que nos entregan y cuando esta se pierde o se debilita, finalmente tenemos una repercusión eventualmente en nuestra calificación crediticia, en alzas de los costos de nuestro endeudamiento que repercuten después también en las tasas de interés de mercado y, por lo tanto, en las familias. En definitiva, podemos poner en riesgo la sostenibilidad fiscal y hacerlo afecta directamente a las personas, porque la sostenibilidad fiscal está directamente relacionada además con la sostenibilidad de las políticas sociales.
-¿Los US$ 1.600 millones de recorte que ponen sobre la mesa son adicionales a los US$ 1.500 millones que Hacienda ya ha propuesto ajustar para este año?
-Son US$ 1.606 millones adicionales a lo que ya está incorporado en el escenario base del CFA. Parte de los recortes ya se están implementando y están en ese escenario base, como el ajuste del acuerdo marco de la Ley de Presupuestos y otros ajustes específicos de gasto. Los US$ 1.606 millones son lo que faltaría para cumplir la meta de balance estructural, conformado con las medidas correctivas adicionales legislativas del Gobierno y otras adicionales que se tendrán que implementar.
-¿Hay un mensaje también al Legislativo? Le piden a todos los actores políticos ponerse de acuerdo para lograr la consolidación fiscal.
-En este informe hemos reiterado la necesidad de avanzar hacia un consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo para financiar el gasto permanente con ingresos permanentes. Y hace varios informes que el Consejo ha propuesto que tenemos que construir un acuerdo amplio para una consolidación fiscal a mediano plazo y que se sostenga a largo plazo, basada en distintas dimensiones, como un mayor crecimiento económico potencial, la reducción de la evasión y elusión fiscal, nuevas fuentes de ingresos estructurales, y también en una mayor eficiencia en el gasto público.
Situación hacia 2026
-¿Qué se puede esperar del Presupuesto 2026? ¿Hay más espacio de gasto por los nuevos parámetros al alza de los comités de expertos del PIB no minero tendencial (2,6%) y el precio del cobre de largo plazo (US$ 4,38)?
- Primero que todo, el Presupuesto 2026 debe realizarse acorde a la meta fiscal de alcanzar un déficit estructural de 1,1% del PIB, como establece el nuevo decreto de política fiscal presentado por el Gobierno y que está en trámite de toma de razón en Contraloría. Actualmente, las estimaciones de la Dipres en el último IFP muestran un eventual desvío de esa meta, con una estimación de -1,6% del PIB, que pasaría a -1,8% del PIB si no se materializan las acciones correctivas.
Sin embargo, estas cifras van a variar con los nuevos parámetros estructurales para el PIB no minero tendencial y el precio referencial del cobre recién publicados.
Como señalamos en el informe, estos nuevos parámetros de los comités consultivos implican que hay que recalibrar las estimaciones tanto para 2026 como para el mediano plazo, por el efecto que tienen en la estimación de ingresos estructurales, así como también en el gasto compatible con la meta. Un aumento de esos parámetros implica mayores ingresos estructurales, con cálculos que en su momento dará a conocer la Dipres.
Pero en cualquier caso, es fundamental considerar que aunque varíen estos cálculos de ingresos estructurales, los resultados son estrechos. Estamos además recorriendo una senda de convergencia y, por lo tanto, como Consejo hemos planteado que con las proyecciones actualizadas se anticipen los desafíos que existen para gestionarlo y garantizar un Presupuesto acorde a la meta de balance estructural.
-O sea, hay que mantener la cordura pese a las mejorías de parámetros.
-Efectivamente. En cualquier caso, los espacios seguirán siendo estrechos, no solo para el 2026, sino que en el mediano plazo.
-Con los antecedentes hoy sobre la mesa, ¿hay que pensar en un Presupuesto que no crece o tiene un crecimiento muy acotado en 2026?
-En el marco fiscal chileno, el crecimiento del gasto debe ser coherente con la meta de balance estructural, que para 2026 es de un déficit de 1,1% del PIB, que considera holguras negativas. Es decir, un gasto comprometido que supera el nivel compatible con la meta de balance estructural. Aunque esas cifras tienen que actualizarse con los nuevos parámetros estructurales, los espacios seguirán siendo muy estrechos y lo esencial está en poder consolidar una senda de convergencia fiscal.
Recortes de candidatos
-El tema fiscal ha estado en el centro de las campañas electorales. ¿Es factible pensar en recortes de gasto entre US$ 6.000 millones y US$ 8.000 millones, como proponen algunos presidenciables?
-Personalmente valoro que la necesidad de realizar un ajuste fiscal y tener un manejo sostenible de las finanzas públicas sea un tema país y, por tanto, central en las campañas. También destaco que hemos ido fortaleciendo nuestro marco fiscal a través de gobiernos de distintos signos. Por ejemplo, la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal inició su trámite en la administración pasada y se impulsó y promulgó en la actual. En este sentido, relevaría la importancia de cuidar nuestra regla fiscal y su credibilidad con el cumplimiento de una senda de convergencia, de balance estructural exigente pero realista, que permita que el nivel de deuda se mantenga por debajo del nivel prudente de 45% del PIB.
-¿Pero son realistas los números que se están planteando desde las candidaturas?
-Como Consejo no hemos analizado la factibilidad de esos escenarios. En cualquier caso, sí consideramos que se requiere un análisis más a fondo sobre la capacidad del Estado para implementar ajustes fiscales, porque mientras antes abordemos esas limitaciones, más espacio tendremos para realizar ajustes programados y graduales en lugar de medidas drásticas y costosas para la población. Además, nuestro mensaje ha sido abordar la consolidación fiscal con medidas estructurales en las distintas dimensiones que antes mencionaba. Por tanto, un recorte enfocado en ganancias de eficiencia en el gasto debiera ser parte de un conjunto de medidas para asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, especialmente en una sociedad que envejece aceleradamente como la nuestra.
-¿Inevitablemente un nuevo Gobierno deberá partir con un ajuste fiscal?-El Presupuesto del 2026 tiene la característica de que es un Presupuesto que elabora la actual administración y que ejecuta la siguiente administración. Como fue el caso del Presupuesto del 2022, que fue elaborado por una administración incluyendo un ajuste importante e implementado por la siguiente. Este es un Presupuesto que comparte esas características, que estamos en un proceso de ajuste. 
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