Modificar el actual sistema de indemnización por años de servicio (IAS) y transitar hacia un esquema a todo evento se ha vuelto un tema que están empujando cada vez más actores.
¿Qué implicancias traería modificar el esquema actual? ¿Entregaría una mayor cobertura?
Los investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sarita Undurraga y Fernando Bastidas, profundizaron en estas y otras preguntas para dimensionar el impacto que tendría un cambio de esquema.
Actualmente, la normativa laboral establece que los trabajadores con contrato indefinido que son despedidos por necesidades de la empresa o por desahucio, pueden recibir una indemnización siempre que el vínculo laboral haya estado vigente por al menos un año.
El esquema contempla el pago correspondiente a un mes de sueldo por cada año de servicio, considerando las fracciones superiores a seis meses, con un tope de 11 remuneraciones. Esto significa que si una persona trabajó seis años y nueve meses, se le indemnizará por siete años, es decir, siete remuneraciones.
Sin embargo, se trata de un esquema con una baja cobertura. De acuerdo con el CEP, y según los registros administrativos del Seguro de Cesantía, del total de contratos indefinidos terminados en 2024, solo entre un 24,5% y un 27,8% habría recibido una indemnización por años de servicio.
Efectos de un cambio
Según el análisis, el tránsito del sistema actual hacia un esquema a todo evento “implicaría una redistribución sustantiva de la protección frente al término de contrato”.
Bajo el sistema vigente, el análisis del CEP estimó que entre 356.131 y 403.329 personas reciben efectivamente una indemnización, mientras que bajo un esquema a todo evento esta cifra ascendería a 1.452.340 trabajadores.
“Este aumento refleja no solo una ampliación de la cobertura, sino también una transformación en la composición de quiénes quedan protegidos al eliminar los requisitos de antigüedad y causal de término”, expuso el informe.
En esa línea, agregó que la implementación de un sistema a todo evento no solo ampliaría sustantivamente la cobertura del sistema indemnizatorio, sino que también permitiría extender la protección a trabajadores con menor estabilidad, menores ingresos y mayor vulnerabilidad, quienes en la práctica, rara vez acceden al pago de una indemnización.
A modo de ejemplo, la población de trabajadores menores de 30 años que recibe un pago por concepto de indemnización pasaría de un 16,1% a un 24,9%.
Costos
El análisis del CEP arrojó que, en términos agregados, el costo efectivo actual de las indemnizaciones por años de servicio para las empresas son comparables a una cotización cercana al 1,8% del salario, lo que sugeriría que “es plausible” avanzar a un nuevo esquema a todo evento con una cotización similar a ese rango. No obstante, un cambio de este tipo impactaría de forma distinta a las empresas según su tamaño.
De hecho, el texto planteó que, con el modelo vigente, las microempresas enfrentan costos indemnizatorios significativamente más altos que las empresas pequeñas, medianas y grandes, mientras que bajo un sistema a todo evento estos costos “se vuelven más proporcionales al tamaño y a la masa salarial”.
Para los autores, esto sugiere que una reforma de este tipo podría “contribuir no solo a una mayor equidad entre trabajadores, sino también a una distribución más homogénea y predecible de los costos entre empresas, además de reducir riesgos de liquidez asociados a pagos concentrados en el momento del despido”.
Con todo, el informe cierra planteando que es un tema complejo. “La percepción de la indemnización por años de servicio como un derecho adquirido, junto con la resistencia a reformas que puedan interpretarse como una reducción de beneficios, limita la viabilidad política de una sustitución inmediata y universal del régimen vigente”.
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