A medida que se acortan los plazos para que el gobierno presente los perfeccionamientos que le introducirá a la reforma tributaria, las reuniones entre el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y los senadores de la Nueva Mayoría que integran la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber (PPD), Carlos Montes (PS) y Andrés Zaldívar (DC), son cada vez más extensas. Ayer el encuentro en Teatinos 120 se extendió por tres horas y media, donde se abordaron los puntos concretos donde existe preocupación por parte de distintos sectores y, a la vez, son las áreas donde existe la probabilidad cierta de que el Ejecutivo realice modificaciones: impuestos verdes, IVA a la construcción y renta presunta.
“Revisamos casi buena parte de la totalidad de las preocupaciones que han presentado los gremios empresariales, en especial, nos enfocamos en presentarle al ministro sobre los aspectos que le preocupan a las pequeñas y medianas empresas como la renta presunta, entre otros temas, para que Hacienda tenga claro cuáles son nuestras preocupaciones. Y para tener claro dónde se deben hacer esfuerzos para realizar los perfeccionamientos”, indicó el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber.
En materia de renta presunta, el proyecto de ley limita dicha figura a empresas con ventas anuales hasta 2.400 UF, es decir, hasta
$ 57 millones y que su patrimonio no exceda las UF 2.500 ($ 60 millones). Y, además, fija un sistema de contabilidad simplificada para empresas con ventas entre $ 57 millones hasta $ 594 millones.
Esto ha sido cuestionado por varios sectores de las pequeñas y medianas empresas y por senadores de las zonas agrícolas.
Por ello, Hacienda tomó nota y comenzó a evaluar las alternativas para ampliar el límite y no perjudicar a quienes efectivamente necesitan tributar bajo una renta presunta. En ese sentido, fuentes de gobierno indicaron que dentro del análisis de Hacienda está la posibilidad de ampliar el límite a un rango que iría entre los $ 90 millones y $ 100 millones de ventas anuales.
Si bien todavía no existe una definición, conocedores del proceso afirman que es probable que el nuevo tope esté en estos niveles.
Otra de las materias donde el Ejecutivo ha enfocado sus esfuerzos es en establecer nuevos instrumentos para incentivar el ahorro y la inversión, en reemplazo del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT). Dentro del análisis del gobierno, está presente el ampliar la depreciación instantánea para todas las empresas y no mantener la limitación a 12 meses para las grandes empresas que contempla el actual proyecto.
Sin embargo, dentro de las probabilidades que baraja Hacienda está en ampliarla sin límite de tiempo, independientemente del tamaño de la firma, o bien establecer un plazo de 4 a 5 años para las grandes compañías. “Eso todavía está en fase avanzada de estudio”, comentó un conocedor del proyecto.
Si bien esto tiene acogida entre los parlamentarios y gremios empresariales, coinciden en que no es suficiente para igualar el impacto en la inversión que tenía el FUT, por lo que esperan un set más completo para estimular la inversión.
Nueva reunión con el SII
Siguiendo con el análisis de la operatividad y la implementación de la reforma tributaria, los senadores fijaron una nueva reunión con el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michael Jorratt y su equipo técnico. Pero esta vez, el encuentro incluirá a las principales auditoras del país con el propósito de aclarar las dudas y enfrentar posiciones entre ambos actores, lo que a la vez le permitirá a los senadores despejar todo tipo de dudas sobre los problemas de implementación que podría tener la reforma tributaria. Este encuentro viene a complementar la reunión que sostuvieron a comienzos de estas semana, los senadores con el director del SII. La cita se fijó en forma preliminar para el lunes 30 de junio en la noche, aunque todavía no ha sido confirmada.
Ese mismo día, pero en la mañana, el director del SII asistirá a la comisión de Hacienda a exponer y aclarar todas las dudas que existen entre el resto de los senadores sobre la aplicabilidad del nuevo sistema tributario y, en especial, de la renta atribuida.
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