Mientras que la entrada en vigor de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales entró en vigor a finales de septiembre de este año y fue celebrada tanto por el mundo público y el mundo privado, todavía quedan pendientes en la agenda del sistema de permisos para proyectos de inversión.
Así lo propone el economista y académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Raphael Bergoeing, en la nueva edición del Doble Click Económico, que se elabora en conjunto con el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare).
De acuerdo a su análisis, “el sistema de permisos es mucho más amplio y complejo que el ámbito sectorial-productivo”, ya que también se suman la regulación ambiental y una dinámica natural de acumulación de normativas.
Esto en un contexto en el cual la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) identificó que en 2015 un proyecto de inversión enfrentaba 91 obligaciones, cifra que en 2024 llegó hasta 251. Es decir, un aumento del 176%.
“Así, la carga regulatoria ambiental casi se triplicó en una década, sin evidencia sistemática de mejoras proporcionales en protección ambiental o eficiencia administrativa. En este contexto, es posible concluir que el sistema ambiental ha crecido sin calibración suficiente, generando inconsistencias y rigideces que afectan la productividad”, indicó en el documento.
Bajo este escenario, el académico propone una agenda permanente de cinco pilares simultáneos para lograr un ecosistema regulatorio moderno, eficiente y ambientalmente robusto.
Más medición y fortalecimiento institucional
Para el académico de la UAI el primer pilar a considerar es el de la medición de la carga regulatoria, un ejercicio que debe ser institucionalizado.
Con esto, propone que se incorporen metodologías basadas en inteligencia artificial (IA) que permitan monitorear de manera continua el stock regulatorio, detectando en tiempo real aumentos desproporcionados de obligaciones, tendencias por sector y diferencias territoriales.
Además, mantener un sistema público de datos estandarizados, donde cualquier ciudadano, empresa u organismo pueda visualizar la carga regulatoria aplicada a distintos tipos de proyectos. Esto va de la mano de la publicación de reportes periódicos de carga regulatoria, similares a los reportes macrofiscales, que permitan ordenar el debate público y evitar diagnósticos basados en percepciones o anécdotas.
Otro pilar es el de transitar hacia regulaciones basadas en riesgos y resultados en cuanto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
Así, sugiere que se migre gradualmente hacia un enfoque basado en estándares de desempeño, análisis de riesgo proporcional y flexibilidad tecnológica.
El tercer eje es homologar criterios y fortalecer capacidades institucionales.
“Uno de los problemas más visibles -y más frustrantes para los regulados- es la falta de coherencia entre criterios aplicados por el SEA, la SMA y servicios sectoriales en distintas regiones”, indicó Bergoeing en el documento.
De esta forma, propone la capacitación técnica homogénea para funcionarios en todas las regiones, con programas nacionales y estándares de análisis comunes; criterios interpretativos públicos; interoperabilidad digital entre organismos y fortalecimiento técnico de SEA, SMA y servicios sectoriales, especialmente en equipos especializados en hidrología, biodiversidad, modelación atmosférica y arqueología, entre otros.
Reforma al SEIA y CMN
Otro eje de la agenda propuesta es la reforma al SEIA y modernización al Consejo de Monumentos, ambos en tramitación en el Congreso.
En el caso del SEIA se sugiere que se revise el modelo de RCA y reduzcan el número de obligaciones que repiten textos legales o duplican exigencias; simplificar obligaciones mediante formatos estandarizados, evitando la “microrregulación caso a caso”; fortalecer la trazabilidad entre obligaciones y su fundamento normativo; disminuir la discrecionalidad estableciendo mejores criterios de significancia ambiental y umbrales claros de evaluación.
Mientras que para el CMN se requeriría una estructura de gobernanza moderna, criterios técnicos claros, procedimientos oportunos, especialmente en proyectos públicos de alto impacto social.
El último pilar es la creación de una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad, que también está en discusión en el Congreso. “Chile necesita una institución que sostenga esta agenda en el tiempo, con mandato legal y capacidades técnicas”, señaló el economista.
Entre sus responsabilidades están evaluar regulaciones ex ante y ex post, identificando impactos, costos, beneficios y alternativas; revisar el stock regulatorio de manera periódica; producir evidencia comparable; y sostener una agenda de mejora continua, independiente de ciclos políticos.
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