Cerca de un mes ha transcurrido desde que el Ministerio de Hacienda publicó el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, pero las repercusiones no dejan de cesar.
Y es que el tercer año de incumplimiento de la meta de balance fiscal es mirado de cerca por el mercado y, cómo no, por las clasificadoras de riesgo.
En conversación con Diario Financiero, el director soberano en Fitch Ratings, Jordy Juvera, analiza el hecho de que el déficit fiscal efectivo alcanzara un 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado, versus el 2,2% previsto al cierre del tercer trimestre; y el salto del desequilibrio estructural a un 3,6% del PIB, superior al 1,6% anticipado.
- ¿Cuál es su interpretación de las principales cifras del IFP? ¿Le preocupan estos datos? ¿Le sorprenden?
- En opinión de Fitch, este incumplimiento pone de relieve las dificultades que entraña cumplir la norma y alcanzar el objetivo de estabilizar la deuda pública, sobre todo cuando los resultados se quedan repetidamente por debajo de los objetivos fijados.
No obstante, el informe también contiene una señal positiva: la deuda del Gobierno Central se mantuvo estable en el 41,7% del PIB, por debajo de la estimación de Fitch del 42,4%, lo que supone la primera vez en dos décadas que la ratio de deuda no aumenta. Es importante destacar que esto se logró sin recurrir al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Como resultado, Fitch no espera una presión inmediata sobre la calificación soberana de Chile a corto plazo, aunque el mayor desvío fiscal sigue siendo un punto clave de atención.
- ¿Esperaba usted la magnitud de los déficits alcanzados: 2,8% del PIB en términos de efectivo en 2025 y 3,6% del PIB en términos estructurales, y el incumplimiento del objetivo por tercer año consecutivo?
- El análisis de Fitch se centra principalmente en el saldo fiscal observado, más que en el saldo estructural. Desde esa perspectiva, el déficit del Gobierno Central del 2,8% del PIB en 2025 solo superó ligeramente nuestra previsión del 2,5%. Aun así, este resultado podría implicar una modesta revisión al alza de nuestras previsiones de déficit, que se mantendrían por encima del 2% del PIB en 2026-2027.
- ¿Cree que puede haber un factor estructural detrás de la disminución de los ingresos?
- Hay indicios de que parte de la debilidad de los ingresos podría ser estructural. Y podría tratarse de una reversión del sorprendente aumento de la recaudación fiscal observado tras la pandemia. Los ingresos fiscales no mineros terminaron 2025 en alrededor de un 0,5 % del PIB por debajo de la estimación oficial, lo que sugiere que la corriente de ingresos subyacente podría ser más difícil de alcanzar en el futuro. Dicho esto, la consolidación podría reanudarse en 2026 gracias a la recuperación rezagada de los ingresos, especialmente si persisten los elevados precios del cobre (presupuestados en US$ 4,30 la libra) y los precios del litio siguen mejorando. Esto podría reducir las necesidades de financiación e incluso permitir ahorros en el Fondo de Estabilización.
- ¿Está en peligro la credibilidad de la regla fiscal?
- Durante muchos años, la regla fiscal de Chile ha perdido cierta credibilidad, ya que no ha impedido un aumento constante de la deuda en relación con el PIB, lo que ha llevado a dos rebajas de la calificación soberana por parte de Fitch. Además, el incumplimiento de la regla de equilibrio estructural por tercer año consecutivo pone en riesgo la credibilidad del marco fiscal. Restaurar la credibilidad de la política fiscal y la confianza en el objetivo de estabilización de la deuda a medio plazo es importante para preservar la solidez del marco macroeconómico e institucional.
- En respuesta a las críticas, la Dipres ha destacado la contención de la deuda y el gasto primario. ¿Valora usted estos resultados?
- Consideramos que el énfasis de las autoridades en la contención de la deuda y el gasto primario es una señal constructiva, especialmente teniendo en cuenta la reciente desviación de los objetivos fiscales. La atribución del ministro Grau del desvío al bajo rendimiento de los ingresos y el anuncio de recortes preventivos por valor de US$ 800 millones para 2026 (repartidos entre US$ 400 millones en medidas por encima de la línea y US$ 400 millones en medidas por debajo de la línea) envían un mensaje positivo de intención de corregir parte de la desviación del año pasado. No obstante, la credibilidad de estos resultados dependerá en última instancia de la aplicación oportuna y de si las medidas son suficientes para compensar la disminución de los ingresos y mantener la trayectoria fiscal en consonancia con la estabilización de la deuda a medio plazo.
- ¿En qué lugar se encuentra Chile en términos de clasificación de riesgo con estas cifras?
- La calificación soberana de Chile se mantuvo en «A-» con perspectiva estable en septiembre de 2025. Estas cifras por sí solas no cambiarán la perspectiva a corto plazo. Las calificaciones se ven respaldadas por un balance soberano relativamente sólido, con una deuda pública/PIB inferior a la de otros países similares. Las calificaciones también reflejan la sólida gobernanza de Chile y su historial de políticas macroeconómicas creíbles centradas en un régimen de metas de inflación y tipos de cambio flexibles. Sin embargo, las presiones a la baja sobre el crédito aumentarían si no existiera una estrategia creíble para estabilizar la carga de la deuda para la próxima administración, lo que daría lugar a un debilitamiento de la credibilidad de la política fiscal. El deterioro de las perspectivas de inversión y crecimiento también sería negativo.
Los desafíos para Kast
- ¿Debería el próximo Gobierno buscar la convergencia fiscal?
- Dar prioridad a la consolidación fiscal sería importante para ayudar a restaurar la credibilidad de la política fiscal y fortalecer la confianza en la estabilización de la deuda a medio plazo de Chile, lo que contribuiría a mantener la calificación en «A-»/Estable, al tiempo que se preservaría el sólido marco macroeconómico e institucional del país.
Dicho esto, es probable que el enfoque sea más gradual que una «terapia de choque» inmediata. El nombramiento de Jorge Quiroz como ministro de Hacienda apunta a una combinación de políticas centrada en el ajuste fiscal, la desregulación y los recortes fiscales favorables al crecimiento, pero sus propias declaraciones indican una estrategia más gradual, que comenzaría con medidas administrativas e incorporaría parte del ajuste en el proceso presupuestario de 2027. Esto también implica un plazo más largo y una mayor exposición a la negociación política.
- El gobierno de José Antonio Kast promete un recorte fiscal de US$ 6.000 millones. ¿Cree que es suficiente?
- Kast ha prometido un plan de consolidación agresivo, que incluye recortes de gasto de unos US$ 6.000 millones en 18 meses, lo que estimamos en aproximadamente el 1,6% del PIB de 2026. Un ajuste de esa magnitud podría acercar el déficit al 1% del PIB y, potencialmente, situar la deuda/PIB en una senda estable o descendente. Sin embargo, en nuestra opinión, un recorte del gasto tan grande podría ser más difícil de llevar a cabo en Chile que en otros países. El Presidente Milei en Argentina logró una reducción muy importante del gasto, pero en gran medida gracias a un aumento inicial de la inflación que redujo el valor real de las pensiones, a grandes recortes en la inversión pública y a la reducción de los generosos y regresivos subsidios a la electricidad y otros gastos claramente ineficientes. Kast no tiene las mismas opciones.
Las perspectivas de consolidación fiscal también dependerán de cómo interactúen estos recortes con las reducciones fiscales que propone. Los planes de Kast de reducir la tasa del impuesto corporativo del 27% al 23%, junto con incentivos específicos para la contratación y la simplificación normativa, podrían generar pérdidas de ingresos a corto plazo. Si los dividendos de crecimiento esperados de los cambios fiscales y normativos se retrasan o solo se materializan parcialmente, ese déficit de ingresos podría complicar la consolidación y reducir la eficacia de los recortes del gasto para mejorar el equilibrio fiscal.
- ¿Qué riesgos plantea un ajuste fiscal de esta magnitud para la economía chilena?
- Un ajuste fiscal de esta magnitud corre el riesgo de chocar con las presiones subyacentes del gasto en Chile. El Gobierno ha señalado que dará prioridad a la eficiencia en el gasto administrativo en lugar de recortar las prestaciones sociales y los servicios públicos, lo que podría ayudar a mitigar la reacción social, pero también podría limitar el grado de consolidación que se puede lograr de forma realista en un breve período de tiempo.
Al mismo tiempo, las demandas de gasto son elevadas en educación, salud y pensiones. Cumplir los compromisos de campaña en materia de inmigración y seguridad probablemente requeriría un mayor gasto en materia de cumplimiento, además de la necesidad de dar prioridad a las grandes necesidades de infraestructura de Chile. Si el Gobierno finalmente necesita reducir el gasto social para alcanzar el ajuste previsto, aumentaría el riesgo de rechazo social y, potencialmente, de malestar social.
Por estas razones, consideramos que los recortes de US$ 6.000 millones serán difíciles de ejecutar y esperamos que los déficits fiscales se mantengan ligeramente por encima del 2% del PIB en 2026 y 2027, si no se llevan a cabo reformas fiscales estructurales.
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