Continúa la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, cuyo objetivo es reducir entre un 30% y 70% los plazos de tramitación de permisos para los proyectos de inversión.
Esta vez, y como parte del mandato de modernización que tiene la propia legislación, se puso en marcha la política permanente de revisión continua de la regulación de permisos que se debe dar cada tres años.
Esto, a través del dictamen del decreto exento que establece lineamientos generales para el desarrollo del primer ejercicio de diagnóstico de modernización de autorizaciones y los órganos sectoriales.
Dicho instrumento, emitido el 1 de diciembre, señala que se supervisará el trabajo de siete instituciones en materia de permisos para proyectos de inversión: el Consejo de Monumentos Nacionales, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
Entre las autorizaciones a revisar están la autorización para excavaciones de tipo arqueológico, informe favorable para la construcción, otorgamiento de concesiones de uso oneroso y los informes de mitigación de impacto vial.
70% es la reducción máxima que se espera en los tiempos de tramitación. 380 autorizaciones son las que modifica la ley
El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, explicó que este decreto fija los lineamientos y los permisos que deberán revisarse, permitiendo que el Estado avance hacia trámites más simples, modernos y rápidos.
“Con este trabajo comenzamos un proceso sistemático de mejora regulatoria que nos permitirá reducir tiempos de espera, dar mayor certeza a proyectos de inversión y generar beneficios concretos para las personas y las empresas en todo Chile”, agregó.
Informe a marzo
El trabajo de supervisión estará en manos del ministerio y luego de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, que fue creada en la misma ley.
El coordinador de Seguimiento de Proyectos en la Oficina de Grandes Proyectos de la cartera, Juan Pablo Johnson, explicó que actualmente la revisión en estas siete instituciones está en una primera etapa, dedicada al levantamiento de información.
“Después viene la etapa dos: un análisis más cualitativo, ver cómo se revisa esa información con los criterios que la misma ley establece para considerar el funcionamiento de los permisos”, señaló.
Agregó que todo el proceso terminará con un informe y líneas de trabajo específicas que estarán publicadas el 6 de marzo. El documento será elaborado por el órgano sectorial, que dará cuenta de los hallazgos y conclusiones que resulten de la revisión. Además, incluirá medidas concretas a implementar para perfeccionar los procesos.
Acerca de las instituciones con las que inicia este primer decreto, indicó que son servicios y autorizaciones que se han establecido como “más sensibles, y a su vez para poder introducir mejoras que sean ágiles y que, por ejemplo, no tenga que llevarnos a una conversación en el ámbito legislativo”.
“Esto no implica que nosotros como ministerio vamos a empezar a revisar cómo funciona ese servicio en todas sus funciones. Es únicamente respecto de las autorizaciones o permisos contenidos en el decreto”, dijo.
Este es otro de los pasos para la implementación de la ley, que entró en vigor el 29 de septiembre pasado y contempla la modificación de 40 cuerpos legales, 380 permisos y 37 servicios.
A la fecha, ya se han puesto en marcha otros ejes de la legislación, como la tramitación paralela de permisos, que elimina el hecho de que un servicio exija como requisito tener otras autorizaciones previas para comenzar una tramitación, salvo que la ley lo indique expresamente.
Otro eje es la integración de más de 200 permisos en la ventanilla digital, que será la única puerta de entrada para solicitudes de permisos sectoriales y en la cual el usuario o titular del proyecto de inversión podrá hacer un seguimiento en línea de los requerimientos al tiempo que podrá obtener certificados de silencio administrativo.
También se inició el trabajo en conjunto a gremios para definir un estándar que permita categorizar iniciativas de inversión como estratégicas, ya que la misma ley contempla la elaboración de un reglamento para aplicar una tramitación ágil y reducir en la mitad los plazos máximos de tramitación en estas.
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Amanda Santillán
