La discusión de la ley de Presupuestos 2026 ha estado marcada por varias polémicas, como la eliminación de la glosa republicana, los cuestionamientos por las proyecciones de ingresos para el sector público o el potencial retraso del Estado en el pago de algunos servicios contratados con privados, en el marco de la situación del Ministerio de Vivienda y el Plan de Emergencia Habitacional.
Justamente respecto a esto último, el Senado requirió a la Dirección de Presupuestos (Dipres) información sobre los niveles de deuda que tiene el Estado con sus proveedores. La respuesta llegó a inicios de esta semana.
En un oficio remitido por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, a la presidenta de la comisión mixta de Presupuesto, Ximena Rincón (Demócratas), el Ejecutivo respondió cinco puntos consultados por la parlamentaria: las deudas directas del Estado pendientes de pago; deudas de empresas públicas consolidadas y en litigio; obligaciones por precios o servicios por facturar que generen compromisos de pago de parte del Estado; condenas judiciales o administrativas al Estado que impliquen desembolsos pendientes o recursos pendientes de resolución; y cualquier otra obligación de pago, presente o futura, que deba considerarse en la formulación de la Ley de Presupuestos 2026.
En el documento destaca el detalle de las cuentas por pagar de parte de organismos del sector público cuyo plazo de pago está vencido.
En específico, un 0,5% de las cuentas por pagar en el Estado tiene un atraso, lo que equivale a un monto de más de US$ 150 millones.
El total de transacciones cuyo valor o responsabilidad económica han sido registradas (o devengadas, como se denomina en términos contables) llega a 2.542.359 por parte del aparato estatal a agosto de 2025, por más de US$ 28.000 millones.
En el oficio, Martínez recalca que esta información no debe interpretarse como la denominada “deuda flotante”, que son los bienes o servicios que han sido recepcionados por el Estado, que son reconocidos presupuestariamente en un ejercicio fiscal, pero cuyo pago no se realizó antes del 31 de diciembre de dicho año, por lo que pasan a ser parte de las responsabilidades del año presupuestario siguiente.
Más bien, tienen que entenderse como cuentas por pagar, independiente de la fecha que tenga el documento tributario que la autoriza.
Asimismo, cerca de 20 mil documentos tienen un rango de fechas de atraso entre cero a 30 días, mientras que cerca de 10 mil entre 31 a 60 días, y más de 5 mil entre 61 y 90 días de atraso.
El detalle
La información proviene del Sistema de Gestión Financiera del Estado (Sigfe), cuya cobertura alcanza a 213 servicios, mientras que otros 34 utilizan sistemas homologados al Sigfe.
Los datos corresponden a la última información disponible del cierre presupuestario mensual a agosto para las instituciones que están adscritas al Sigfe Transacciones.
“De esta forma, contiene las obligaciones de pago (facturas, boletas de honorarios, resoluciones, entre otros), reconocidas en Sigfe cuya obligación a un privado se encuentra expirada de plazo”, explica la ingeniera en el oficio.
La información está desagregada por ministerios y servicios públicos, estableciendo el total del monto devengado y el total de la diferencia entre lo devengado y efectivo.
También considera los subtítulos asociados a compra de bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes y de capital, préstamos, adquisición de activos no financieros, iniciativas de inversión, servicio de la deuda y otros gastos corrientes.
En el detalle, destacan organismos con un alto porcentaje de documentos devengados con atrasos en sus pagos, como la Subsecretaría de Energía (16,7%), el Servicio Nacional de Discapacidad (21,2%), el Registro Civil (15,5%), el Servicio de Salud Metropolitano Central (10,1%), y el Servicio Local de Educación Valdivia (10,5%).
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