Cada año, la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda, junto con la Subsecretaría de Evaluación Social, revisan y hacen un seguimiento de los cientos de programas que componen la oferta del sector público.
¿La idea? Ver espacios de mejoría en el uso de los recursos públicos, al constatar que las distintas iniciativas cumplan tres criterios específicos: focalización, para determinar si los programas públicos identifican y seleccionan a las poblaciones que buscan atender de manera adecuada y pertinente; eficiencia, que se refiere al análisis de indicadores que evalúan la implementación de un programa, enfocándose en el uso óptimo de los recursos públicos asignados; y la eficacia, traducido en medir el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos por el programa.
Este año, las instituciones citadas evaluaron 706 programas estatales, de los cuales 493 (69,8%) fueron identificados como sociales, mientras que 213 (30,2%) como no sociales. El costo total de dicha oferta es $ 38.490.785 millones, equivalentes a US$ 45.822 millones, un 43,9% del Presupuesto total del sector público.
Jorge Hermann, director de Hermann Consultores
Un informe elaborado por Hermann Consultores aterriza en números las alertas levantadas en la evaluación de los determinados criterios a nivel de programas. Por ejemplo, en 242 programas analizados se detectaron hallazgos u observaciones en la dimensión de focalización, los que engloban recursos por US$ 23.213 millones; 350 hicieron lo mismo en el criterio eficiencia, con presupuestos totales que ascienden a US$ 21.527 millones; mientras 319 programas no pasaron el filtro al evaluarse su eficacia, los que a su vez contemplan fondos por US$ 13.714 millones.
Ahora, hay programas que pueden haber registrado observaciones o hallazgos en más de uno de los criterios analizados.
De esta manera, el director de Hermann Consultores, Jorge Hermann, expone que existen 75 programas de la oferta que fallaron en cumplir los tres criterios, por montos que totalizan US$ 5.881 millones.
En el otro extremo, se detectaron 153 iniciativas que cumplieron con las tres materias evaluadas, totalizando erarios por US$ 3.783 millones. 270 con hallazgos en solo una dimensión analizada, totalizando US$ 21.497 millones en fondos públicos. Y 208 tuvieron observaciones en dos criterios, por montos totales de US$ 9.657 millones.
Mineduc lidera
Al analizar la oferta con problemas es solo una dimensión, el reporte revela que el mayor monto lo tiene el Ministerio de Educación, con 38 programas por US$ 9.223 millones, igual al 42,9% del monto total. Más atrás le sigue la cartera del Trabajo con 19 programas por US$ 8.879 millones, lo que representa un 41,3% del monto total.
En cuanto al las observaciones de a lo menos dos criterios, Hermann recalca que nuevamente lidera el Mineduc, con 26 programas por US$ 3.965 millones, igual al 41,1% del monto total. Aquí también lo secunda el Mintrab, con 17 programas por US$ 3.786 millones, igual al 39,2% del monto total.
¿Y en cuanto a los programas que no pasan ninguno de los tres criterios? Nuevamente encabeza el Ministerio de Educación con 15 programas por US$ 2.953 millones, igual al 50,2% del monto total. Lo que sí varía es el segundo lugar, que corresponde al Ministerio de Vivienda con cinco programas por US$ 2.310 millones, lo que equivale al 39,3% del monto total.
"Los programas que son ineficaces en todas las dimensiones evaluadas deberían ser reconsiderados, ya sea para su cierre o reestructuración. Esta medida permitiría liberar recursos que podrían ser reasignados a iniciativas más efectivas o para rediseñar los programas existentes para cumplir con sus objetivos. Al optimizar la focalización, eficiencia y eficacia de estos programas, se aseguraría un uso más adecuado de los fondos públicos", señala Hermann, agregando un dato de contexto: los programas con tres dimensiones incumplidas corresponden a US$ 5.881 millones, representando un 1,7% del PIB, lo cual representa 1,3 veces la recaudación de la Ley sobre Cumplimiento Obligación Tributarias.
Programas discontinuados
Desde Dipres explicaron que el proceso de monitoreo de programas públicos levanta hallazgos en tres dimensiones de análisis, contribuyendo a mejorar su diseño y desempeño futuro, y apoyando la toma de decisiones presupuestarias.
"Ejemplo de esto es lo ocurrido con el programa Retos de Innovación de Corfo, que en 2023 presentó alertas en el monitoreo, luego se le realizó una evaluación en 2024 y en el Presupuesto 2025 no se consideraron recursos", agregaron en la repartición encabezada por Javiera Martínez.
En 2023, se identificaron 26 programas que fueron descontinuados y 13 fusionados, mientras que el año pasado diez iniciativas fueron descontinuadas o no ejecutadas y dos se fusionaron con otros programas, a la luz de los hallazgos, explicaron.
"Cuando ha sido pertinente hemos cerrado y fusionado programas, pero la razón fundamental para el monitoreo es mejorar tanto la oferta a la ciudadanía como la calidad del gasto público. Se debe ser responsable con el manejo de la información del instrumento para no perjudicar el aporte que realiza al Estado", cerraron.
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Sebastian Valdenegro
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