Nueva justicia laboral será sometida a estudio para definir eventuales cambios al sistema

José Carlos Prado

A más de un año de implementación de la nueva justicia laboral en todo el país, el gobierno ya encargó un estudio para hacer un seguimiento y evaluación del sistema. La idea es contar con un catastro detallado de su funcionamiento para luego determinar, si es necesario, posibles cambios al modelo.

Este trabajo -encabezado por el Ministerio de Justicia- será aplicado durante el primer trimestre del próximo año y sus resultados se conocerán recién el segundo semestre. La licitación para hacerlo se la adjudicó la Sociedad S&AP y a más tardar la próxima semana se firmará el contrato respectivo.

Según Claudio Valdivia, director de la Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana, para este trabajo se utilizará la misma metodología que se aplicó en 2005 para la evaluación de la Reforma Procesal Penal. Ese año lo realizó la Fundación Paz Ciudadana y el Centro de Justicia de las Américas.

En esa oportunidad, agrega, no sólo se evaluaron aspectos cuantitativos en términos de carga, ingresos de demandas, flujos, tipos de términos, eficacia y tiempos de respuesta del sistema, sino que también se recogió la opinión de los actores.

El objetivo de este análisis cualitativo es concluir qué mejoras se le pueden hacer al sistema, en cuanto a la gestión y el trabajo que se puede hacer entre el poder Ejecutivo y el Judicial.

Una vez que se tengan los resultados, Valdivia explica que si fuese necesario y teniendo la justificación técnica, los argumentos, los datos y la evidencia empírica, se podría avanzar hacia una reforma legal.

Por eso es que el abogado reconoce que estamos bastante expectantes respecto a los resultados de ese proyecto, porque nos va a permitir ver cómo está funcionando el sistema en todo el país e introducir aquellas mejoras que nos parezcan relevantes. Poner atención en los puntos en lo que haya que hacer correcciones. De todos modos, sostiene que al día de hoy es prematuro hablar de modificaciones legales, ya que recalca que actualmente no cuentan con los antecedentes y las pruebas empíricas que justifiquen que dichos perfeccionamientos tengan que ir en una dirección o en otra.

Necesitamos la evidencia para que realmente la reforma a la justicia que se busque esté bien enfocada, señala Valdivia.



Agenda

Para el trabajo en terreno se buscarán productos determinados, habrá talleres con los actores involucrados para conocer la opinión de éstos. También se hará una revisión de las audiencias y en paralelo, un análisis de las estadísticas que han logrado acumular del sistema desde su implementación gradual que partió en marzo de 2008.

Ya en el segundo semestre de 2011, se va a elaborar una agenda para que sea aplicada con todo lo que implique a partir del año siguiente.

Aunque Valdivia asegura que este proceso no quita que en el intertanto también se pueden ir perfeccionando algunas cuestiones que son más bien de gestión y que se pueden detactar en cada uno de las zonas del país.

Protagonistas

No sólo jueces, defensores, inspectores del trabajo y abogados privados serán parte de las personas relevantes para el estudio. Valdivia adelanta que también es factible que se incluya a agrupaciones sindicales y gremiales. Si bien no está establecido como un producto directo del estudio, creo que la metodología considera que eventualmente se tenga que solicitar la opinión de actores, dentro de los cuales están las organizaciones de trabajadores y empresarios, indica el abogado.

En este sentido, agrega que es en este segmento donde uno puede rescatar opiniones que sean bastante representativas de las dificultades que han tenido con la aplicación e implementación de la nueva justicia laboral.

Cabe recordar que cuando comenzó operar el nuevo sistema sistema surgieron algunas críticas desde el sector privado que acusaban una tendencia a fallar a favor de los trabajadores. No obstante, con el paso del tiempo se han reducido estos cuestionamientos, lo que Valdivia atribuye a que ha cambiado la interpretación de las cifras y al suceder esto la mirada o el sesgo que se le atribuía en un principio a la justicia laboral, ha tenido los matices correspondientes.

De hecho, los números avalan este análisis. Al revisar los tipos de términos que se han registrado desde que comenzó el nuevo modelo, hace más de dos años, se observa una mayoría de conciliaciones o avenimientos (incluidos parciales) de 53%. Mientras que las sentencias, que son totalmente favorables a los trabajadores, suman 33%. En el otro extremo, las que son favorables a los empleadores llegan al 2%.