Con rapidez ha avanzado el proceso legal contra los aranceles impuestos por Donald Trump, tendiendo un manto de dudas sobre el futuro de uno de los pilares de su política tanto económica como exterior.
El pasado viernes, en una audiencia que duró alrededor de tres horas, la Corte de Apelaciones -con siete votos a favor y cuatro en contra- confirmó la ilegalidad de las tarifas “recíprocas” que se anunciaron el Día de la Liberación, el 2 de abril, bajo el amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, su sigla en inglés).
Así, ratificó lo decidido en mayo pasado por la Corte Internacional de Comercio en Washington D.C., a propósito de una demanda de un grupo de empresas y de algunos estados, como California y Oregón, que consideraron que el mandatario no tiene las facultades para aplicar aranceles bajo dicha legislación.
Aunque en EEUU los servicios aduaneros siguen cobrando las sobretasas, dado que la Corte de Apelaciones mandató que no se innove hasta una resolución de última instancia, el futuro de la política arancelaria de Trump quedó en entredicho.
“Si hay margen (en la negociación Chile-EEUU), sería más cauto, porque queremos evitar un escenario en que acordemos un 5% mientras competidores quedan en cero por la anulación de los aranceles”, dijo Pinto.
Matías Pinto Pimentel, exjefe del departamento económico en la Embajada de Chile ante EEUU y partner en Geogig Consulting.
Próximos pasos y plazos
Matías Pinto Pimentel, exjefe departamento económico en la Embajada de Chile ante EEUU y partner en Geogig Consulting, ha seguido el asunto de cerca y comentó con Diario Financiero los pasos que vienen.
“Primero, (la Corte de Apelaciones) dio un espacio de 45 días para que el Ejecutivo decida si va a la Corte Suprema. Legalmente, el plazo es de 90 días, pero decidió mantener el statu quo de los aranceles solo hasta el 15 de octubre. Segundo, devolvió parte de la resolución a la Corte Internacional de Comercio, porque -basándose en precedentes- esta no podía suspender la aplicación general de una política de aranceles”, por lo que deberá determinar dentro de un mes y medio quiénes se verán afectados por este fallo en particular, que -sin dudas- sentará precedentes para el variopinto grupo de actores económicos que se han visto afectados por las sobretasas.
Por otra parte, considera probable que la Corte Suprema, una vez que la Casa Blanca acuda ante ella, “quiera pronunciarse, pero lo hará desde la perspectiva de la separación de poderes. Dada la composición actual, con una supermayoría conservadora, es posible que falle a favor de esa separación”, lo que implica consignar que es el poder legislativo, el Congreso de EEUU, el autorizado para imponer aranceles y que cuando el Ejecutivo lo intenta hacer, mediante la mencionada ley de emergencia, cae en una ilegalidad.
En cuanto a plazos, Pinto advierte que “al ser un caso declarado de emergencia, los tiempos han sido más rápidos que los tradicionales. Normalmente la Corte Suprema resolvería en junio del año siguiente, pero aquí existe presión para que lo vea en 45 días y podría resolverse antes de fin de año”.
A considerar en la negociación EEUU-Chile
Aun cuando sigan vigentes los aranceles que se aplican de acuerdo a otros apartados de la legislación comercial de EEUU, que sí facultan al Ejecutivo para hacerlo (como la Sección 232 con la cual se grabó al acero, aluminio y algunos componentes de cobre), si la Suprema coincide con lo ya dictaminado por la Corte Internacional de Comercio y con la Corte de Apelaciones, dice Pinto, “sería devastador para la política comercial de Trump, como lo han señalado algunos de sus funcionarios. Esto no solo por perder en tribunales, sino porque una de las alternativas -aunque no la más probable- es que se ordene la devolución de todos los aranceles pagados hasta la fecha”, impactando gravemente la ya debilitada posición fiscal de la primera economía mundial.
Por supuesto, el asunto también es seguido por los socios comerciales de EEUU alrededor del mundo, entre ellos Chile.
Desde que entraron en vigor los anuncios del Día de la Liberación, las importaciones chilenas pagan el arancel recíproco mínimo de 10%, lo que ha estado en el centro de la negociación del Gobierno con la Oficina del Representante Comercial de EEUU, marco en el cual el avance de la arista judicial deberá tomarse en cuenta, según Pinto.
“Si la negociación está muy cerca de terminar, yo avanzaría como si nada hubiese pasado. Si hay margen, sería más cauto, porque queremos evitar un escenario en que acordemos un 5% mientras competidores quedan en cero por la anulación de los aranceles”, señala el experto, precisando que “si pactamos algo, la administración (Trump) tendría un argumento legal de que no se trata de IEEPA, sino de un compromiso jurídico entre Estados, lo que lo hace vinculante”.
Finalmente, advierte un riesgo concreto para Chile: “Lo más probable es que Trump use otras vías legales, como las secciones 301 o 232, para seguir imponiendo aranceles. Por eso, si ya hay acuerdos técnicos avanzados, lo clave es asegurar que no se inicie una acción afirmativa en nuestra contra y se respete el Tratado de Libre Comercio”.
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