Con la certeza de que la recesión en que se sumirá el país producto de la pandemia por Covid-19 elevará los niveles de pobreza, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, espera que en el Congreso la oposición apoye el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que ingresaría esta semana.
Sin dar una estimación de hasta cuánto pueden elevarse los niveles de pobreza -de acuerdo a la Encuesta Casen se ubican en 6,3% de la población en la pobreza y 2,3% en la pobreza extrema-, da por hecho que ello ocurrirá.
"Vamos a tener cifras de pobreza y de desempleo mayores", señaló.
Consciente de que cada día de atraso en presentar la iniciativa al Congreso -que se anunció hace una semana- juega en contra del sentido de urgencia que ella tiene, explicó que ha sido complejo dar con la ponderación que responda al diseño flexible del subsidio.
"A pesar de que hemos hablado de informales, estamos buscando una fórmula para incorporar los hogares que tienen ingresos formales de manera muy esporádica (...)Lo que ha costado mucho es la sintonía en esa fórmula y en eso estamos, cerrándola", comentó.
Lo que tiene en la mira es lograr que las personas en los segmentos más vulnerables tengan mayor protección social, por lo que es indispensable hacer que transiten hacia trabajos formales.
"La informalidad es la peor de las situaciones posibles, porque la precariedad en que queda una persona en crisis es total. No recibe ingresos de ningún lado, no tiene protección, no tiene seguro de desempleo, no tiene cotización eso se transforma en una tragedia", aseveró.
A 4,5 millones de personas espera cubrir el aporte de IFE. El monto del aporte dependerá del tamaño del hogar, del porcentaje de vulnerabilidad y de la composición de ingresos entre trabajo formal e informal.
"El cálculo se sustenta en la necesidad alimentaria y del costo habitacional promedio de una familia, de manera que estas personas tengan la posibilidad de cubrir exactamente lo básico, pero también que puedan buscar otros ingresos formales", precisó.
La manera de articular la medida se sustentó con la lógica de que "todo lo que crezca la informalidad, nuestro compromiso como Estado es cubrirla", explicitó.
Ante esto recordó lo vital que es la actualización en el Registro Social de Hogares (RSH) que durante abril ya tiene 200.000 solicitudes. Esto es muy superior a lo que ocurre en un mes habitual , en donde no superan las 3 mil.
Un mercado laboral menos precario
La apuesta que tiene en mente es comenzar a trabajar en programas que incentiven la formalización de los trabajos de estas personas, una vez que se cumplan los tres meses de subsidio que contempla el IFE.
Incentivos a la formalización
"La conversación que tenemos que tener es cómo ponemos incentivos a la formalización", señaló.
Advirtió que una de las lecciones que dejan en evidencia esta crisis es que de ahora en adelante cuando se legisle en materia laboral se parta por analizar "cómo puede afectar o no a la formalización de estos mundos".
Su diagnótico es que el diseño de las iniciativas se sustentan en una mirada anacrónica del mercado laboral. "Hay muchas personas que trabaja partime, de manera esporádica o que tienen más de un empleo a la vez y tenemos que pensar en formas de protección social para esos mundos", señaló.
A su juicio, es la pobreza el desafio que debe enfrentar el país, por lo que advirtió que "la gran lección para que no tengamos otra vez una crisis social es que aquellos que viven en situación de pobreza vean, a los que hacemos políticas públicas, que nos ponemos de acuerdo y reaccionamos más rápido. Así, más tranquilas van a estar las familias porque el problema de ellos no es un descontento político, sino que es un descontento concreto con lo que se demoran las ayudas y lo burocratico que es que les llegue".
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