Uno de los candidatos es un hombre de 55 años, padre de nueve hijos, católico estricto y absolutista del libre mercado que alaba la anterior dictadura del país bajo Augusto Pinochet. El otro es dos décadas más joven, barbudo, tatuado y soltero, un izquierdista que se propone luchar contra la desigualdad, ayudar a las comunidades indígenas, reprimir a la gran minería y hacer que el aborto sea legal y gratuito.
El 19 de diciembre, el derechista José Antonio Kast o el izquierdista Gabriel Boric serán elegidos presidente de Chile y llevarán al mayor productor de cobre del mundo, favorito de los inversores internacionales, por un camino al que los partidarios del otro se opondrán con vehemencia. Independientemente de quién triunfe -las primeras encuestas dan ventaja a Boric, miembro de la cámara baja del Congreso chileno-, un país que en su día se consideraba un modelo de triunfo neoliberal se encamina hacia tiempos difíciles.
Esto era, hasta hace poco, totalmente inesperado. Durante tres décadas, Chile, una nación de 19 millones de habitantes, pareció desafiar la gravedad, superando un pasado violento, reduciendo la pobreza, atrayendo inversiones y disfrutando de un auge bursátil de proporciones casi inéditas. La moderación política fue crucial para cimentar su reputación como el mejor lugar de la región para hacer negocios.
La cruda polarización de la carrera coincide con la reescritura de la Constitución del país, que los votantes aceptarán o rechazarán en un referéndum el año que viene, así como con una reevaluación de las normas que han definido la sociedad tradicional y católica de Chile durante décadas. El 7 de diciembre, el poder legislativo legalizó el matrimonio igualitario después de que el presidente Sebastián Piñera sorprendiera a sus aliados al acelerar un proyecto de ley que había languidecido desde 2017. Vecinos como Argentina y Brasil han reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo durante años, pero Chile se había quedado atrás.
También hay desafíos a los fundamentos del modelo económico de libre mercado de la nación. Desde el comienzo de la pandemia, el Congreso Nacional ha aprobado tres rondas de retiros anticipados de las pensiones privadas y obligatorias de los individuos, drenando US$ 47.000 millones de los fondos de pensiones que son el mayor inversor institucional de Chile y un cimiento de los mercados financieros del país. Aunque perjudican a los mercados de capitales locales, los retiros resultaron ser populares entre los trabajadores comunes a los que se les había negado el acceso anticipado a sus ahorros debido a las engorrosas normas.
Desafío a futuro
El próximo presidente de Chile se enfrentará a una creciente lista de retos económicos y sociales. Las transferencias temporales de efectivo y las retiradas anticipadas de las pensiones provocaron un frenesí de consumo, pero también llevaron la inflación anual al nivel más alto en más de una década, provocando agresivas subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central que podrían prolongarse hasta 2022.
Se prevé que la economía chilena crezca en torno al 11% este año, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo que las medidas de emergencia aplicadas durante la pandemia y la liquidez sobrante aún permitirán un crecimiento del 3% al 4% en 2022. Sin embargo, los economistas del sector privado de bancos como JPMorgan Chase & Co. y el BCI tienen una perspectiva mucho más sombría, argumentando que la combinación de un estímulo muy reducido, los mayores costes de los préstamos y la incertidumbre política conducirán a la recesión más adelante en 2022.
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