Harald Beyer era ministro de Educación cuando en 2012 el entonces Presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto que creaba “un nuevo sistema de financiamiento solidario para la educación superior”, norma que finalmente no prosperó en el Congreso. Una experiencia que le permite hablar con propiedad sobre similitudes y diferencias con la propuesta presentada esta semana por el Gobierno de Gabriel Boric, a la que cree le espera una discusión compleja en el Parlamento.
“Lo de condonación y reprogramación, eso podría funcionar relativamente fácil”, opina. Pero, luego está el sistema de pago.
“¿Cómo se va pagando la deuda remanente?”, se pregunta el hoy académico de la Escuela de Gobierno de la UC. “Ahí podría haber alguna tensión”, advierte.
De todas formas, su visión es clara: “Creo que tiene poco valor social invertir en condonación de esta deuda”.
De hecho, recuerda que el proyecto de Piñera no avanzó en el Congreso, porque en ese momento había una demanda por gratuidad frente a la que el expresidente no quiso ceder “por buenas razones”. Y agrega: “El tiempo ha demostrado que significa un tremendo desembolso de recursos y no ha aumentado el acceso, bastaba con los sistemas de financiamiento que existían a la fecha para seguir promoviendo mayor acceso. Uno tiene que priorizar recursos y, en ese momento, se pensaba que había que invertir los recursos en primera infancia, en educación escolar”, relata.
Beyer sostiene que ese entonces “no tenía mucho sentido hacer un esfuerzo de condonación”, porque eran pocos quienes estaban en mora y, al revés, había en general un alto nivel de pago.
Sobre las coincidencias de los proyectos, menciona que ambos excluyen a la banca y que hay un cobro después de egresado proporcional al ingreso que subía en una escala. En el caso del Presidente Piñera llegaba al 10% y en este al 8%.
También había un tramo exento en la iniciativa de 2012, que era para quienes ganaban menos de UTM 8 y ahora son UTM 7,5; y el límite de plazo para el pago es similar, 15 años frente a los 20 años actuales.
¿Y hay diferencias? Beyer rememora que el proyecto de Piñera “proponía aranceles regulados de un carácter muy distinto” y no había gratuidad. “Sí el 60% más pobre no tenía copago, eso era una similitud”, precisa.
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“El gran problema”
Aunque el exministro considera que las similitudes de las iniciativas pueden ayudar en el debate, alerta que “el gran problema” del proyecto del Presidente Boric es de dos tipos, “uno más grave que el otro”, añade.
Lo primero, explica Beyer, es que el fondo de Financiamiento para la Educación Superior (FES) le restará recursos a la gran mayoría de las universidades y a algunos institutos profesionales, a través del hecho de que extiende el arancel regulado a los deciles 7, 8 y 9.
Estos últimos tendrán financiamiento, “pero el aporte del Estado que se le entrega es por el arancel regulado y las universidades no le pueden cobrar un copago a los estudiantes. Por lo tanto, eso hace bajar el arancel efectivo de las instituciones y eso, indudablemente, significa merma de ingresos; y no hay claridad de cómo eso se compensa y eso significa finalmente que las universidades se empobrecen”.
Lo segundo, afirma, es que “en la práctica esto es una suerte de impuesto a los graduados, porque los egresados pueden terminar pagando bastante más de lo que el Estado les prestó, ese es el componente solidario del que hablaba el Presidente Boric, pero ese componente solidario tengo la impresión de que tiene poco peso político”.
Y este punto lo compara con “las discusiones que hemos tenido en otros planos, como la reforma previsional, en donde la población no quiere mucha solidaridad y el mundo político se da cuenta de eso y, por lo tanto, no avanza en esa dimensión”, advierte.
Más allá de cómo quiera llamar el Gobierno al aporte del FES a los beneficiarios -crédito no, porque no tiene tasa de interés, dijo el Ministro de Hacienda-, Beyer opina que la retribución una vez egresados puede llegar a ser en la práctica un impuesto cuando sea más de lo que efectivamente le aportó el Estado.
“No me cuadra”
Sobre los cálculos de Hacienda respecto a que en el largo plazo se ahorrarán recursos, Beyer sostiene que “el informe financiero hay que revisarlo en detalle, porque -por ejemplo- los desembolsos que considera para el FES -atendiendo este nuevo sistema de financiamiento- me parece que están subestimados”.
Hoy, argumenta, los aportes por gratuidad son del orden de US$ 2.600 millones, mientras la iniciativa del Gobierno considera desembolsos de unos de US$ 970 millones. Pero, advierte, el número de potenciales estudiantes beneficiados de los deciles 7, 8, y 9, es mayor a aquellos que tienen gratuidad. “Y el arancel regulado sería el mismo, por lo tanto, ahí hay algo que no me cuadra, pero habrá que revisarlo”, indica.
Otro punto que aporta Beyer es que el fondo también “minimiza los ingresos que se dejan de percibir por el CAE en parte, porque está actuando con el escenario actual, en que nadie está pagando, porque se prometió una condonación. Eso hace difícil la comparación”.
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