La comisión de Economía del Senado aprobó la noche del martes el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales, que ahora -como parte de su segundo trámite constitucional- pasará a la instancia de Hacienda y luego irá a Sala. La votación se extendió por sobre seis horas y fue parte de una larga discusión que incluso comprometió un protocolo de acuerdo entre Ejecutivo y senadores para incluir hacer cambios a la iniciativa.
“Es un proyecto con más de 100 artículos que interviene 40 leyes sectoriales. Sumamente complejo, pero es complejo, porque es un tema muy importante para el país que requiere una solución estructural”, dijo el ministro de Economía, Nicolás Grau.
El avance de la iniciativa, que busca reducir los tiempos de tramitación de los permisos de proyectos de inversión, fue valorado por la Sofofa, que recalcó la necesidad de instaurar un sistema más transparente y predecible. “Esto es una oportunidad para contar con un marco regulatorio que brinde certezas, alineando la invariabilidad normativa con el desarrollo de proyectos y adaptando los requisitos al impacto real de cada iniciativa”, señalaron desde el gremio.
Fomento a la inversión
Los cambios que se tramitaron en la comisión incorporaron dos mecanismos para fomentar la inversión.
El primero es la tramitación ágil de iniciativas de inversión estratégicas, que serán proyectos seleccionados por los ministros de Economía, Hacienda, Interior, Desarrollo Social y Medio Ambiente y que tendrán una reducción de plazos de permisos sectoriales a la mitad del tiempo.
Se consigna el principio de simplificación administrativa. Así los órganos sectoriales no podrán exigir para el ingreso de una solicitud de autorización el haber obtenido previamente otras.
Se seleccionarán en base al monto de la inversión, su impacto en el empleo, el aporte al desarrollo económico nacional, el beneficio para el desarrollo social y económico de las regiones y territorios del país y su población, la transferencia tecnológica asociada y la contribución a los objetivos ambientales definidos como prioritarios por el país. Tendrán que pasar a una previa evaluación técnica por la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión -bien central en el nuevo esquema- dependiente de la Subsecretaría de Economía y serán seguidos como parte de su catastro.
Otro mecanismo agregado es la creación de un régimen de estabilidad regulatoria aplicable a los permisos sectoriales vinculados a proyectos con Resolución de Calificación Ambiental favorable.
Con esto, podrán solicitar que se les aplique la normativa vigente al momento de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cumplidas las condiciones que establece la ley.
Declaraciones juradas
Tras las indicaciones aprobadas, las declaraciones juradas se aplicarán como regla general y se preferirá por sobre un permiso cuando sea proporcional al riesgo en el proyecto.
Estas declaraciones, en conjunto a las técnicas habilitantes alternativas (THA), se revocarán en el caso de que se incumpla la normativa sectorial y se establecen sanciones penales para su uso malicioso, a quien busque eludir la aplicación de una autorización, falseando u omitiendo información a la autoridad. Para esto, se modificó la Ley de Delitos Económicos para su incorporación.
También se estableció un procedimiento permanente y continuo de modernización de autorizaciones sectoriales y aplicación de declaraciones juradas y THA, con el fin de evaluar si se deben eliminar o reemplazar permisos.
El proceso debe ser realizado por todos los órganos sectoriales que entreguen permisos y será al menos cada tres años.
Autorizaciones paralelas
Uno de los puntos que figuraba en el acuerdo entre parlamentarios y Ejecutivo era el de la tramitación en paralelo. De esta manera, se consignó el principio de simplificación administrativa en la cual los órganos sectoriales no podrán exigir para el ingreso de una solicitud de autorización el haber obtenido previamente otras, a menos que una ley establezca lo contrario.
Por lo que los proyectos de inversión podrán avanzar paralelamente y en forma simultánea y no podrán existir trámites secuenciales que afecten la eficiencia, optimización y el trabajo coordinado de la administración.
También se fortaleció el incentivo al cumplimiento de los plazos y se asociaron metas los jefes de servicios designados por Alta Dirección Pública.
Al igual que se reconocen funciones a la citada Oficina para proponer incorporación del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), convenios de desempeño colectivo, convenios ADP, entre otros.
Institucionalidad más fuerte
La Oficina también tendrá atribuciones más fuertes. Con el objetivo de observar el buen funcionamiento del Sistema, podrá reportar el cumplimiento de los plazos por parte de los órganos sectoriales ante el Presidente de la República, los jefes de servicio y la Contraloría.
Al mismo tiempo, se intensificaron los deberes de información sobre la implementación y rendimiento al Congreso Nacional.
Además, sin perjuicio de este fortalecimiento, la Oficina no podrá interferir en modo alguno en las atribuciones que corresponden exclusivamente a los órganos sectoriales en cuanto a la evaluación técnica en el otorgamiento o denegación de una autorización.
De esta manera, estará dentro de la Ley de Probidad en la función píblica y prevención de los conflictos de intereses, por lo que las autoridades tendrán que declarar intereses y patrimonio.
Mientras que también tendrán sanciones penales los profesionales y revisores independientes de los sectores que den falsos testimonios.
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