Falta paño que cortar tras la entrada en vigencia de la nueva ley de libre competencia, particularmente en lo que tiene relación con reglamentos y guías que están pendientes por parte del Ministerio de Economía y la Fiscalía Nacional Económica. Uno de ellos es el formulario de participaciones minoritarias, que implica la obligatoriedad que tienen las empresas de informar a la FNE cuando adquieran más de un 10% de la propiedad de una firma competidora (sin llegar a ser controlador).
Para esto el organismo elaboró un documento que deberán llenar las incumbentes, información a partir de la cual la FNE podría iniciar una investigación o pedir más antecedentes.
Las objeciones
Sin embargo, el borrador propuesto por la autoridad –y que recientemente finalizó la etapa de consultas- tiene varios reparos. Al menos eso plantea el Colegio de Abogados, que convocó a su comisión de Libre Competencia presidida por Julio Pellegrini, para analizar el formulario. Así es como entre sus principales conclusiones señala que la fiscalía debe acotar sus requerimientos a lo dispuesto en el artículo 4 bis y “no incluir contenido o exigencias no establecidas en la ley”. Luego dice que debe establecer un procedimiento para cumplir con este deber legal de información y tercero, resguardar la confidencialidad de información sensible.
En relación al primer punto, el ente colegiado destaca que debe entenderse como cumplido este trámite con comunicar a la autoridad el adquiriente, adquirido y respectivo porcentaje de participación, además de la fecha de la compra.
Respecto del procedimiento, señala que una vez recibida la información, la FNE debe estipular un plazo de 10 días para indicar si falta alguno de los elementos.
Y finalmente, uno de los aspectos más relevantes tiene relación con la protección de la confidencialidad. En este punto la comisión enfatizó que en el formulario no se encuentra debidamente resguardada, más aún, cuando tendrá el carácter de información pública y la FNE podrá incorporarlo en una base.Para el abogado de Guerrero Olivos, Jaime Barahona es éste el punto más sensible “puesto que todas las empresas afectadas se verán en la obligación de informar, no solamente las sociedades anónimas que tienen una obligación con el regulador, aspecto que lo hace mucho más complejo”.
Con todo, el presidente de la comisión, valoró el llamado de la fiscalía “para escuchar los distintos puntos de vista de quienes participan desde el ejercicio legal y el ámbito académico”, dijo Pellegrini en relación al proceso de consulta. Actualmente se encuentra vigente la obligación de informar este tipo de adquisiciones para las operaciones realizadas después del 30 de agosto. En tanto, para las transacciones de esta naturaleza realizadas con anterioridad el plazo se extenderá hasta el mes de febrero de 2017.
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