Acogerse a la Ley de Insolvencia no es una alternativa para Alsacia. La mayor operadora del Transantiago, que el pasado miércoles anunció el no pago de la cuarta cuota a sus bonistas, según estaba programado, no está considerando acogerse a un programa de reestructuración tal como lo hizo Subus.
El motivo de esto es que a pesar de la delicada situación financiera, la compañía no pone en riesgo la operación del servicio, a diferencia de lo que habría ocurrido con Subus. Esta última tenía una prelación de pagos a sus deudores, es decir que, una vez que la empresa recibe ingresos, eran los acreederos los primeros en ser enterados para luego financiar los gastos de operación.
En el caso de Alsacia esto no es así, por lo que su operación no está en riesgo.
Las conversaciones entre la compañía y los acreedores las está encabezando, por el lado de Alsacia, por José Ferrer, presidente de Express, quien es asesorado por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP; mientras que por los bonistas está Alexander Wolf, ex embajador de EEUU en Chile, con la asesoría del estudio Claro & Cia.
En tanto, el 17 juzgado Civil de Santiago dio luz verde a la reestructuración financiera solicitada por Subus. El tribunal dictó por un período de 30 días la protección financiera concursal, dándole un respiro ante posibles juicios y o solicitudes de ser liquidada.
Según el abogado Esteban García Nadal, socio de García Magliona, los acreedores tendrán un periodo de ochos días hábiles para verificar los créditos adeudados.
Ministro rechaza acusaciones
La empresa Subus se sumó a la arremetida que realizó Alsacia contra el ministro Andrés Gómez-Lobo, sindicándolo como responsable de las fallas del sistema y el desequilibrio financiero de las compañías.
Subus defendió el proceso de revisión de tarifas que está realizando y rechazó que esté pidiendo un salvataje. “Las declaraciones de las autoridades de Transportes son inaceptables. Queremos ser muy claros. No estamos pidiendo un salvataje”, dijo.
Agregó que los descuentos que se le hacen por motivos de gestión sólo representan el 15% del desequilibrio que enfrenta. “El 85% de los recursos adicionales que necesita la compañía responden exclusivamente a los problemas estructurales de Transantiago, como la alta evasión, el vandalismo, que son problemas de orden público, y la innegable caída de la velocidad en Santiago, que responde a la falta de infraestructura”, dijeron.
Gómez-Lobo rechazó estas acusaciones. “No estoy de acuerdo, el Estado no ha hecho nada desde 2012 que explique la situación financiera que tienen ahora, se les compensó el término anticipado de contrato y firmaron contratos nuevos con condiciones operacionales y de infraestructura que eran conocidas”, dijo.
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