Mayor certeza jurídica a las empresas otorgará el nuevo mecanismo obligatorio de consulta de operaciones de concentración ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Así lo cree Claudio Lizana, socio de Carey, quien estima que esta reforma debió haberse impulsado hace “muchos años”.
“La gracia de este sistema es que genera certezas que antes no existían, ya que si ciertas operaciones no se sometían, podían ser impugnadas incluso después de su cierre”, dice.
Una vez que la ley sea promulgada, la FNE deberá fijar los parámetros bajo los cuales será obligatorio. Se habla que esto será cuando los actores que participan en ella superen en conjunto los US$ 83 millones de ventas o si a lo menos dos de las empresas superan US$ 14 millones cada una por separado.
“La FNE va a tener la herramienta para subir o bajar los umbrales, porque si se llena de notificaciones puede que ellos estén bajos”, explica.
Agrega que no se espera que exista un gran rechazo en las consultas. En Estados Unidos, por ejemplo, el 5% pasa a una segunda revisión.
“Esta ley no busca paralizar operaciones”, dice y agrega que sólo quiere determinar riesgos y medidas para evitarlos. “Apuesto a que la mayoría de los casos van a ser aprobados, algunos con condiciones y muy pocos rechazados abiertamente”, dice.
Esto, porque además las empresas llegarán preparadas. “Va a dar más certeza, no es un impuesto”, grafica.
Acción penal
A juicio del abogado, tras la reforma -que está en comisión mixta- “el sistema de libre competencia quedará muy fortalecido”.
Un tema que ha estado en el debate es la titularidad de la acción penal, respecto de si será la FNE o también el Ministerio Público.
Lizana señala que “no es una buena política pública dejar la acción penal solamente en una persona. Creo que es bueno que el Ministerio Público también la tenga”.
De todos modos, cree que podría ser conveniente esperar a que el TDLC finalice su proceso para iniciarla, aunque dice que es opinable. 
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