Hace un par de meses la Asociación de AFP encargó un estudio a Econsult, cuya elaboración estuvo a cargo del economista Gonzalo Sanhueza.
El resultado fue presentado ayer por el presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez, ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Las principales conclusiones del documento señalan que el proyecto genera el “riesgo de que se incremente el déficit fiscal del país, y otro de que se altere el equilibrio competitivo de la industria”. Además, se recomienda promover prácticas que apunten a la neutralidad competitiva.
Dentro de estas recomendaciones de neutralidad se establece que la iniciativa “debe explicitar que el Estado no otorgará garantías respecto de estos títulos, aplicar las mismas leyes y regulaciones para todos los agentes en materia de quiebra financiera y limitar del uso de la palabra “Estado” en el nombre comercial de la AFP Estatal”.
Además, se habla de una obligación por parte de la administradora de alcanzar una tasa de retorno de mercado para el capital invertido y otra obligación de realizar el Estudio de Factibilidad requerido por la Superintendencia de Pensiones, en las mismas condiciones que un actor privado.
Además, la prohibición de acceder a bases de datos en condiciones preferenciales respecto de las que tendrían el resto de las AFP (por ejemplo, base de datos del IPS) y de afiliar en forma preferencial a los trabajadores del sector público son otras recomendaciones para que el organismo estatal opere en igualdad de condiciones.
Efectos macroeconómicos
En materia fiscal, el estudio también plantea algunos riesgos respecto a que sea un actor estatal el que tenga bajo su tutela la administración de los fondos de pensiones de las personas.
Sobre eventuales presiones políticas para la inversión de los fondos previsionales, la investigación advierte que “se pone en riesgo la correcta asignación de los recursos, donde grupos de presión podrían terminar destinando los fondos de pensiones al financiamiento de PYMES, a la construcción de viviendas sociales, u otros elementos”.
Otro posible efecto que podría darse, en caso entrar en vigencia el proyecto enviado por la presidenta de la República, Michelle Bachelet, es el cese del pago de las cotizaciones previsionales en tiempos de crisis, ya que se plantea que “podrían haber perdonazos o se podrían condonar deudas de pequeñas y medianas empresas”, consigna a modo de ejemplo el documento.
Del mismo modo, sobre la rentabilidad anualizada del patrimonio, el estudio muestra que a junio de este año éste fue de un 22%, mientras que en 2013 alcanzó 26%. Lo anterior demuestra que la rentabilidad del patrimonio de las administradoras, ajustado por encaje, son similares a las del sistema financiero. (Ver gráficos).
Cabe recordar que la consultora liderada por José Ramón Valente expuso el jueves pasado en el cónclave que la industria de las administradoras de fondos de pensiones sostuvieron en Viña del Mar.
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