"Estamos acá, en el puerto, tratando de hacer ingreso con dos buses de gente administrativa y contratada, con alrededor 115 personas más contratistas, que también están junto a nosotros", contó el gerente general de Puerto Coronel, Patricio Román, quien en estos momentos, a las 10:32 de la mañana, intenta ingresar al terminal, que lleva 44 días paralizado por un grupo de trabajadores que han bloqueado los accesos.
"Hasta el momento no lo hemos logrado", dijo Román. Relató que "tienen los accesos absolutamente tomados y bloqueados y por el momento no ha habido violencia, pero sí muchas amenazas: de que nos vayamos, de que nos van a incendiar los buses".
"Estamos esperando a la fuerza pública" dijo el máximo ejecutivo de la firma portuaria, que está en conflicto con los trabajadores, que rechazan política de alcohol y drogas y el fin del sistema de "nombrada" mediante el cual los sindicatos designan a quienes realizan los turnos de la empresa.
“Quiero pedir formalmente al Gobierno de Chile que se haga cargo, porque no es solo un problema entre privados”, dijo el Gobernador del Biobío Rodrigo Díaz.
Hasta la fecha, la movilización genera un daño económico de US$ 75 millones, 27 barcos varados y un millón de toneladas de carga perdida. Para el puerto mismo, el perjuicio es de US$ 5 millones mensuales, es decir, ya suma US$ 7,5 millones.
Según la compañía portuaria, "este frustrado intento se suma al realizado la semana pasada, en la que buses que transportaban a trabajadores de la empresa fueron apedreados durante su trayecto hacia el puerto".
En este momento, Puerto Coronel espera la llegada del equipo de Control de Orden Público (COP) de Carabineros para que pueda intervenir y lograr retomar las operaciones con todos los trabajadores que deseen asistir a sus labores y la gobernanza en la administración y operación del terminal.
El Gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, afirmó que "el paro está generando daño a la Región del Bío Bío: el Puerto de Coronel representa la mitad de las exportaciones de la región". Hizo ver que si bien el terminal es utilizado por grandes empresas forestales, éstas han podido desviar la carga "con altos costos y con gran esfuerzo", pero "para los pequeños madereros y pequeños exportadores que usan el puerto de Coronel, se está produciendo un problema que los está afectando de manera grave porque se detiene su flujo de caja al no contar con dinero para llevar sus productos a otros puertos del país", que significa "un riesgo de quiebra para muchas pequeñas y medianas empresas de la región del Bío Bío".
Además, dijo que al no operar el terminal penquista se ha producido "una sobrecarga de camiones en la ruta 160, que es la más congestionada de la región".
Díaz denunció que se han producido distintos hechos de violencia en el entorno y dentro del puerto que deben ser impedidos por la autoridad, "por ejemplo, se ha prendido fuego a la línea férrea que va por fuera del puerto, una infraestructura estratégica que no puede interrumpirse".
El Gobernador dijo que "le quiero pedir formalmente al Gobierno de Chile que se haga cargo, porque no es solo un problema entre privados".
CPC Bío Bío insta a Delegada Presidencial a tomar acciones
Los gremios empresariales de la Región del Bío Bío mostraron su preocupación por la prolongación de la movilización. "Como multigremial estamos profundamente preocupados por la situación que atraviesa Puerto Coronel, con una paralización que se extiende por más 40 días. Nos parece muy relevante resguardar el estado de derecho en nuestra región con acciones oportunas y claras por parte de nuestra autoridad", señaló el presidente de CPC Bío Bío, Álvaro Ananías. "Como sociedad no podemos ser pasivos ante los hechos graves de violencia, como los registrados esta mañana, donde los trabajadores eventuales no permiten el ingreso de los empleados y colaboradores al recinto amedrentándolos y apedreando los buses que los trasladan, poniendo incluso en riesgo su integridad", expresó.
"Desde CPC Biobío, hacemos un enérgico llamado a la delegada presidencial, Daniela Dresdner, para que tome las acciones, con fuerza pública de ser requerido, que permitan restablecer el orden público y permitan el libre tránsito en el lugar. Nuestra delegada presidencial tiene la autoridad y la responsabilidad de garantizar la seguridad y el libre tránsito en las distintas comunas de la región, por lo tanto consideramos que es momento de actuar con medidas efectivas ante este acto ilegal", enfatizó Ananías.
"Reiteramos que esta movilización está causando un enorme daño a la región, perjudicando al sector exportador y nuestra imagen ante el comercio exterior", recalcó el dirigente de la multigremial penquista.
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