Septiembre será un mes clave para la educación. El Gobierno enviará un proyecto de ley con un nuevo sistema público de financiamiento que reemplace al Crédito con Aval del Estado (CAE). En la antesala, en que el debate ha girado en la eventual condonación, el presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), Osvaldo Corrales, quien fue ratificado en junio para un nuevo período de dos años, puntualiza las consideraciones que han planteado a las autoridades para dicha propuesta.
Junto con advertir que en la última Cuenta Pública presidencial hubo más claridad de los bordes de la propuesta, luego que se generara un aumento de la morosidad “muy significativa”, el también rector de la Universidad de Valparaíso detalla que la deuda total del CAE es alrededor de US$ 12 mil millones, por lo que “la solución que se busque tiene que ser gradual, progresiva y fiscalmente sostenible”. Pero, advierte que este “es solo una parte del problema más general del financiamiento en educación superior”.
“No conocemos los alcances de esa reestructuración y por eso hemos pedido también que se consideren los aportes basales a las universidades públicas”.
Un elemento es la gratuidad universitaria, ya que –por ejemplo- hoy ésta financia sólo la duración teórica de las carreras y las casas de estudio terminan siendo co-financiadoras porque por diversas razones una cantidad significativa de estudiantes no terminan en dicho período. Por esto, han solicitado que para los efectos de la gratuidad se considere el estándar de titulación oportuna que es válido en todo el mundo, que es la duración de la carrera más un año.
Además, plantea que es necesario hacer una modificación estructural a la forma en que se está financiando hoy la educación superior pública, porque están sometidos al mismo régimen que las entidades privadas a través del subsidio a la demanda que implica que el Estado allega una cantidad de aporte en función del número de estudiantes que cada institución matricula. Una de las distorsiones, dice, es que en la práctica implica que las carreras que tienen pocos matriculados es mejor no impartirlas al volverse insostenibles en el tiempo.
En esa línea, sostiene que “las universidades del Estado tenemos un rol misional distinto. Tenemos que ser la herramienta para que el Estado pueda sostener esa oferta que hoy resulta tan necesaria para poder revertir esta situación de –por ejemplo- el déficit de profesores”. Por esto, apuesta que la educación superior pública se financie en una mayor proporción con aportes basales.
Y advierte: “Lo que le hemos pedido al Ejecutivo es que la propuesta que se haga considere también estas otras aristas de la cuestión del financiamiento que hoy ponen en riesgo eventualmente la viabilidad de instituciones como la nuestra”.
- ¿Conocen el alcance de la propuesta que se presentará?
- Lo que nos han dicho es que va a haber al menos una propuesta amplia en el sentido de que no solo supone una solución a la cuestión del CAE, sino que también reformar el sistema de financiamiento. No conocemos los alcances de esa reestructuración y por eso hemos pedido también que se consideren los aportes basales a las universidades públicas. Y quisiera aclarar por qué las universidades del Estado pedimos esto. Somos públicas para los efectos del control, pero no para los efectos del financiamiento. Hoy estamos sometidos a múltiples formas de control que las universidades privadas no poseen, no obstante reciben algunas de ellas tanto o más recursos públicos que las universidades del Estado.
Hoy la universidad que más recursos recibe por gratuidad es una universidad privada no tradicional y no está afecta a los controles que tenemos las universidades del Estado que aumentan muy dramáticamente nuestros costos de transacción. No estamos diciendo que se les tenga que quitar esos fondos, pero sí que el Estado tiene un deber distinto con las universidades que le pertenecen, entre otras cosas porque el patrimonio que nuestras instituciones acumulan es patrimonio público también.
- ¿Hay una consideración que sea crucial?
- Una es una ley de universidades del Estado 2.0, porque hoy la ley de Universidades del Estado nos homologa con otros servicios públicos y requerimos de otras herramientas normativas que nos permitan hacer un uso mucho más eficiente y oportuno de nuestros recursos. Hemos pedido un aumento en los fondos basales a través del aporte institucional a las universidades del Estado y, lo tercero, una revisión de la política de gratuidad en términos de hacer un poco más extensivo el financiamiento a los estudiantes que están adscritos a ese beneficio.
- ¿Cuánto debiese ser este aumento basal a las universidades estatales?
- Hoy estamos en un promedio del 15%. En algún momento nuestras instituciones lo que plantearon es que había que ponerse un horizonte en que permitiera llegar a aportes basales que cubrieran el 50% de la operación, pero eso no va a ocurrir en un período presidencial ni de un momento a otro. Hemos planteado un aumento que pueda ser progresivo y a través de una línea que es el aporte institucional a las universidades del Estado.
El año pasado pedimos que esos fondos aumentaran para todo el sistema en alrededor de US$ 35 millones y logramos un pequeño aumento, pero que vino a compensar una pérdida que se produjo en otra partida y por lo tanto no hemos tenido mayores progresos en esa materia. Otra fórmula para aumentar los recursos basales puede ser, por ejemplo, que se nos alleguen esos recursos adicionales que se requieren para cubrir el reajuste del sector público de cada uno de los años que hoy está siendo de cargo de nuestras propias instituciones.
- ¿Los aportes basales han sido superiores en las privadas en los últimos años?
- Hubo una reducción progresiva que afectó tanto a las privadas tradicionales como a las estatales de los aportes basales, pero tal vez lo que provocó la mayor transformación en el sistema de financiamiento fue la gratuidad. Del total de fondos del financiamiento público que se destina a educación superior, esto incluye a los CFT y también incluye la gratuidad, pero también otros aportes basales y algunos fondos regionales, hoy solo el 30% va dirigida a universidades del Estado. Y no obstante ser un número mayor de instituciones, si uno compara las universidades del Estado, por ejemplo, en gratuidad con las universidades no estatales, las universidades del Estado estamos recibiendo también un poquito menos de 1/3 del financiamiento en gratuidad. Entonces, hoy los recursos públicos están dirigidos mayoritariamente a universidades de carácter privado.
- En cuanto a ese riesgo, ¿qué tanto se puede aguantar y qué síntoma tendría esto?
- Hemos tenido algunos síntomas preocupantes. Tenemos la situación que afecta a la Universidad Austral y la Universidad de Aysén. En ese último caso, el sistema de subsidio a la demanda es uno de los que más aflige, porque en una zona extrema como Aysén la cantidad de estudiantes que se matriculan es muy poca. La función que cumple esa institución ahí es distinta a la que puede cumplir una en la zona central.
Hay dos riesgos y hay formas de solucionarlo. Una forma de ajuste podría tener que ver con rebajar los aranceles y, lo segundo, es que el país empiece a tener un gasto excesivo en esta materia que eventualmente suponga postergar otras necesidades y que se produzca un crecimiento inorgánico de aquellas carreras que tienen mayor demanda simplemente por ese hecho. Hay varios riesgos asociados. Unos tienen que ver con la estabilidad financiera, pero otros también con el desarrollo del país. El sistema de subsidio a la demanda aplicado universalmente a todo el sistema introduce algunas distorsiones. No decimos que no tenga que haber una parte de la demanda que sea subsidiada sino que eso no puede ser la única forma de financiar.
- ¿Hay otras universidades que estén corriendo el riesgo de estrés financiero?
- Las universidades del Estado hemos soportado bien ese estrés que se produjo con la pandemia, también a causa en algún punto del estallido social, pero lo que está empezando a ocurrir y lo que sí nos preocupa es que muchas instituciones empiezan a ver limitado su desarrollo. Por otra parte, tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad que ha comenzado a desarrollar estándares y criterios que buscan elevar la calidad de la educación superior en Chile y lo aplaudimos, pero ello requiere tener espacio también para hacer e implementar las mejoras y transformaciones que requiere acercarse a esos estándares.
Salvo la situación de Aysén que es un problema de diseño, las universidades del Estado hemos tendido a aguantar bien ese estrés, pero sí puede transformarse en un problema en un horizonte de cinco años de no mediar ese cambio. Efectivamente puede empezar a haber dificultades de otro tipo.
- ¿Cuál es la expectativa que en septiembre se inicie un debate real y haya un cambio más allá del CAE?
- Anticipamos un escenario complejo evidentemente. El logro del consenso en el país se ha vuelto muy complejo y este es un tema en el que la discusión previa ha demostrado que hay posiciones muy encontradas y, por lo tanto, no somos demasiado optimistas en que se pueda alcanzar un consenso fácil. En todo el sistema universitario, no solo por parte de las universidades del Estado, sí existe un consenso de que el sistema de financiamiento debe revisarse de un modo bien profundo y significativo, porque tal como está diseñado corre el riesgo de volverse inviable. El sistema de educación superior no solo requiere revisar un financiamiento, sino que también revisar otros elementos que hoy también están limitando su desarrollo. Me refiero particularmente al sistema de títulos y grados, a cuestiones como la duración de las carreras, entre otros.
- ¿Hay un abandono por parte del Estado respecto a la función pública de las universidades estatales?
- Ha habido una gran desconfianza en Chile respecto de lo público en general. Ha habido un abandono no me cabe ninguna duda del Estado respecto de la educación pública, sin perjuicio de lo cual se han llevado a cabo algunos programas y algunas medidas que no obstante no han tenido el vigor, la robustez, ni tampoco la perseverancia que esto requiere, porque las políticas educacionales no pueden ser de un Gobierno, tienen que ser políticas de Estado. Ha habido un abandono y una gran desconfianza completamente injusta, porque el sistema de educación público universitario ha sido el más resiliente de todos. El Estado se ha hecho más rico gracias a la actividad que desarrollan las universidades públicas. He escuchado gente que piensa que el Estado no debería tener universidades, lo que es un error muy grande porque supone que el Estado se queda sin una herramienta muy potente para el desarrollo de políticas públicas.
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