La semana pasada se conocieron las demandas de quienes están interponiendo class actions contra SQM y algunos de sus ejecutivos en EEUU. Todos luchan para ser el demandante líder en el proceso contra la minera no metálica. El abanico de quienes dicen haber sido defraudados es amplio; va desde un fondo de pensiones inglés llamado Tyne and Wear, que reclama las mayores pérdidas, hasta particulares que realizaron una serie de compras y ventas de ADR y quienes no las han vendido o aquellos que ganaron en varias operaciones, pero perdieron todo en la última.
A pesar de sus diferencias, todos reclaman no por las pérdidas sufridas en los meses más convulsos de este año, cuando estalló el escándalo, sino que consideran fechas ampliadas, algunos desde 2009, y acusan que los demandados –SQM y algunos ejecutivos, como el ex gerente general Patricio Contesse- hicieron declaraciones falsas o engañosas, u ocultaron información. Como por ejemplo, que dinero de SQM fue canalizado ilícitamente a campañas electorales desde 2009; que faltaron controles internos sobre los informes financieros y como resultado de lo anterior, los informes financieros fueron falsos engañosos en todos este tiempo, dice uno de los documentos ingresados a la Corte.
Las mayores pérdidas
Son diez operaciones de compras de ADR de SQM las que realizó el fondo Tyne and Wear, por 376.521 títulos, con otras seis de ventas, de 70.744 ADR. Todas ellas entre septiembre de 2010 y enero de 2014. Las adquisiciones fueron hechas a un precio que no superó los US$ 49,7 por ADR, aunque las ventas se realizaron a un monto no menor a US$ 52,18 por título.
Pero la acción de clase considera el periodo 2009 a 2014. Así, su demanda no es por las pérdidas sufridas en estas operaciones, sino que en el periodo en cuestión el precio de las acciones estaba inflado falsamente producto de los estados financieros que se entregaron con información incorrecta, reclaman.
Como resultado de lo anterior, Tyne and Wear calcula pérdidas por US$ 4,4 millones. Además, dice que por la naturaleza de ser un fondo de pensiones, "tiene un poderoso interés económico en dirigir esta demanda y recuperar las pérdidas que ha sufrido".
¿Cuál es el peso de Tyne and Wear? Dice tener activos bajo administración por casi US$ 8.000 millones, en su memoria 2014, donde sus principales inversiones son US$ 2.400 millones en acciones en Reino Unido y otros US$ 2.700 millones en acciones fuera de EEUU.
El segundo mayor demandante, es un fondo de pensiones de empleados públicos de Arkansas, EEUU (Apers). Fueron 64 compras las que efectuaron, por un total de 81.950 ADR y por los que desembolsó poco más de US$ 2,1 millones entre diciembre de 2013 y febrero de 2014. En este caso, la entidad no reconoce en los documentos haber vendido los títulos de la minera chilena.
Sin embargo, reclama pérdidas por US$ 479 mil. Su demanda considera el periodo que va desde el 30 de junio de 2010 al 17 de marzo de 2015, como la mayoría de los que van contra SQM. La fecha, aunque supera el periodo de compras, fue elegida porque en este espacio de tiempo es que se habrían producido las infracciones de las cuales se acusa a SQM. El fondo dice tener activos bajo administración por US$ 7.300 millones, de los cuales la mayor parte está invertido en acciones en EEUU (US$. 2.600 millones) y en acciones en el extranjero (US$. 1.220 millones) aunque no revelan en qué firmas tienen intereses.
Los particulares
Los inversionistas particulares Sam y Megan Villella presentaron su demanda en conjunto con un tercero, Leroy Robinson. Sin embargo, sus decisiones de inversión son totalmente diferentes: los Villella compraron 400 ADR, en tres operaciones, pagando un total de US$ 5.048 entre enero y mayo de 2014. Y aunque no han vendido estas participaciones, dicen que éstas hoy tendrían un valor de US$ 4.035, al valorizarlas a un precio promedio de US$ 20,17 por título.
Robinson, en tanto, compró en nueve ocasiones un tota de 1.000 ADR de SQM, todas realizadas el mismo día: el 24 de octubre de 2013, a un valor de US$ 32,64 cada acción. Éstas luego fueron vendidas el 5 de marzo de 2014, consiguiendo US$ 31.620, asumiendo las pérdidas. Pero dos días más tarde volvió a comprar mil ADR de SQM, también a
US$ 32,6 por título, las que aún retiene, pero tiene valorizadas en US$ 31.620.
Con todo, en conjunto los tres reclaman pérdidas por US$ 11.084, no por las operaciones en sí mismas, sino que porque "compraron acciones de SQM durante el periodo del class action a precios artificialmente inflados por las tergiversaciones de los demandados u omisiones y fueron dañados por la revelación de estas tergiversaciones u omisiones", señalan los documentos judiciales.
A diferencia de otros demandantes, su acción contra SQM va desde el 4 de marzo de 2014 hasta el 17 de marzo de este año.
El rol de los inversionistas retail en el recurso
Poco más de US$ 445 mil es lo que llegó a desembolsar Anton Mandelstam por 17.500 ADR de SQM, que adquirió en 27 operaciones, sin detallar fechas. De este total, se desprendió de 15.200, reteniendo otros 2.300 títulos. En todo caso, reconoce pérdidas por US$ 41.384. El inversionista llega a este número porque trece de las ventas se hicieron a precios más bajos que las compras realizadas. Tal como en el caso de Villela y Robinson, su demanda contra SQM cubre el periodo que va desde el 4 de marzo de 2014 hasta el 17 de marzo de este año.
Otra de las demandantes que llegó hasta la Corte es Lynn Molinaro. Y aunque la inversionista compró mil ADR de SQM el 29 de enero de 2014 (sic) a un precio promedio de US$ 26 por título, los vendió el 5 de diciembre de 2012 (sic) a un valor promedio de US$ 56. Las fechas aparecen en ese orden en los documentos judiciales.
Así, su demanda no es por pérdidas sufridas. De hecho, no ingresó un documento con detalles tal como hicieron los otros demandantes, sino que por haber comprado acciones a precios artificialmente falsos, producto de la información falsa o errónea que entregó la compañía en los estados financieros.
La demanda de Molinaro entrega un relato detallado de todos los estados financieros de SQM que fueron informados trimestralmente a la SEC, por lo que reclama que la información pública no era "proyecciones o estimaciones", evitando que esto sea usado como argumento por la compañía en su defensa, sino que eran los datos que se daban por ciertos al regulador.
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