1.320 millones es la inversión estimada del proyecto
Una disputa a dos frentes mantiene la licitación de los estudios para el tren Valparaíso-Santiago. En mayo de este año, el grupo que quedó segundo impugnó el concurso y, ahora, el consorcio ganador acusó a la Dirección General de Concesiones (DGC) de un actuar “errático y contradictorio” luego que el ente público paralizara el proceso de adjudicación invocando un oficio de la Contraloría.
El proyecto ferroviario es uno de los de mayor valor dentro de la cartera de concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), con una inversión estimada de US$1.320 millones, y era uno de los proyectos estrellas anunciados por el Presidente Gabriel Boric.
No obstante, en julio de este año, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, reconoció un retraso en la licitación para construir dicho tren. Aquella ocasión, la ministra destacó que el estudio integral ya había sido adjudicado. “Tuvimos ahí una demora porque tuvimos que relicitar, y dadas esas condiciones la licitación para la ejecución va a ser con posterioridad del término de esta administración”, afirmó.
172 kilómetros tendría el tren
El estudio fue adjudicado por la DGC a la empresa Consorcio WSP-Ineco por poco más de $ 13.500 millones en mayo. Ese mismo mes, el grupo que salió segundo, Consultrans-Pini-Sustentable (con una oferta de $ 8.300 millones) presentó una demanda ante el Tribunal de Contratación Pública. Sostiene que el ganador no cumplió las bases, al no presentar el currículum vitae del encargado del estudio urbano-territorial, Francisco Baranda, por lo que solicitó retrotraer el proceso de licitación a la etapa de apertura de las ofertas técnicas. “Incluyendo declarar como rechazadas aquellas que no cumplan los requisitos establecidos en las bases de licitación”, dijo en su demanda.
$ 13.500 millones fue el monto por el que se adjudicó el estudio
El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de este juicio, y solicitó que se rechazara la demanda. Dijo que no existieron dudas para la comisión de evaluación respecto a la participación de Baranda en el cargo, y que para corroborar la experiencia específica requerida, la instancia recurrió a un documento de público acceso disponible en la plataforma Mercado Público, que obraba en su poder con ocasión de un proceso de licitación que se estaba llevando a cabo de forma paralela en la DGC, correspondiente al Estudio Integral Concesión Ruta 5: Tramo Chonchi-Quellón.
“No existió afectación alguna al principio de igualdad de los oferentes, toda vez que el criterio adoptado por la comisión de evaluación, esto es, recurrir a antecedentes de carácter público para subsanar errores que estimó ‘no esenciales’ en la presentación de las ofertas, fue ecuánime para todos los oferentes”, dijo el CDE.
El rol de la Contraloría
El caso tomó un giro: a principios de agosto, el consorcio ganador del concurso, WSP-Ineco, presentó una demanda de impugnación en contra de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas luego que el ente público paralizara el proceso de adjudicación.
El grupo dijo que el oficio de la DGC del 29 de julio de 2025, es arbitrario, pues se construye -afirmó- sobre una supuesta ilegalidad que la propia dirección había descartado previamente.
Con todo, el consorcio acusó a la DGC de un “actuar errante y contradictorio”. “Le causa perjuicio al Consorcio WSP- Ineco, pues no solo paraliza de facto el actual proceso adjudicatorio (en toma de razón ante CGR), sino que además, busca revocar completamente la adjudicación que nuestra representada ganó legítimamente”, dijo la defensa de la compañía.
Al justificar el inicio del procedimiento de invalidación, la DGC citó un oficio de la Contraloría General de la República (CGR) del 9 de julio de este año, que resolvió no dar curso a la adjudicación del concurso.
“Lo anterior, atendido que de los antecedentes tenidos a la vista se advierte que la oferta técnica presentada por la empresa adjudicada no incluyó el formulario N° 7, relativo al currículum vitae del profesional presentado para el cargo de ‘Encargado de Estudio Urbano-Territorial (…). Las ofertas técnicas que no incluyan todos los antecedentes, o que presenten omisiones evidentes, serán rechazadas”, dijo el órgano contralor.
En el juicio iniciado por Consultrans-Pini-Sustentable, este consorcio dijo, ante la resolución de la Contraloría: “Los argumentos señalado por el CDE (…) pierden toda relevancia y valor”.
Por el contrario, en su demanda de impugnación, WSP- Ineco sostuvo: “La potestad la ejerce la DGC bajo la errada apariencia (excusa) de que aquello habría sido instruido por la CGR (…). La CGR nunca ordenó ejercer en este caso la potestad invalidatoria”.
El Tribunal de Contratación Públicas se declaró incompetente en este proceso; el consorcio presentó un recurso de reposición, el cual fue rechazado, y ahora el caso será visto por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Ante la consulta de Diario Financiero, desde la Dirección de Concesiones señalaron: “La DGC se encuentra plenamente comprometido con el proyecto ferroviario Tren Valparaíso-Santiago. Actualmente está revisando el proceso de adjudicación del estudio integral, con estricto apego a los procedimientos vigentes teniendo en consideración lo dispuesto por CGR, y velando por la mayor transparencia del proceso, realizando a la mayor brevedad las actuaciones que correspondan hasta su adjudicación”.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
J. Troncoso Ostornol
