Por P.Torrealba /A.Zauschkevich
Cerca de entregar un pronunciamiento definitivo en el caso Cascadas estaría la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), según lo que adelantó en su tercera visita a la comisión investigadora Soquimich de la Cámara de Diputados, el regulador, Carlos Pavez.
El superintendente fue enfático al señalar que “manteniendo todas las condiciones como están ahora, sin nuevas presentaciones judiciales o de otro tipo, que puedan significar la dictación de algún tipo orden de no innovar o de naturaleza similar por parte de los Tribunales de Justicia, se podría estimar, en términos muy generales, que durante el mes de septiembre podría estarse finalizando el procedimiento administrativo sancionador”.
Pavez volvió a hacer énfasis en que los cargos formulados no residen necesariamente en “si se utilizaron determinados mecanismos bursátiles, de remate, de órdenes directas, o si cumplieron o no la reglamentación (...) Es el conjunto de estas variables, y como concurren en cada una de las operaciones y el período en el cual se llevaron adelante, la recurrencia de las mismas, las que permiten a la SVS considerar, a partir de septiembre del año pasado, que podríamos estar en presencia de infracciones a estos artículos de la Ley de Mercado de Valores”.
Muralla china
La conexión entre el proceso administrativo que deriva en la formulación de cargos y el proceso sancionatorio, fue una de las preguntas que respondió Pavez, quien hizo hincapié en que “claramente, entendemos que la superintendencia no es juez y parte, es un instructor de un procedimiento administrativo (...) hemos querido establecer mecanismos que den más seguridad o mayores garantías incluso a pesar del control jurisdiccional”, como el tribunal de letras en lo civil o la apelación de las sanciones que pueden llegar hasta la Corte Suprema.
Agregó que la SVS ha separado, tras la creación de la división de investigaciones, las funciones de fiscalización, que las llevan a cabo básicamente las unidades organizacionales que dependen de cada una de las intendencias, de lo que es la investigación y el procedimiento sancionatorio, que está a cargo de esta área de cumplimiento de mercado (Acme).
Esta área “es la responsable de emitir informes ante el superintendente, los intendentes y los fiscales respectivos para que sean ellos, reunidos en un comité consultivo, de sanciones e investigaciones, los que deciden en primer lugar, si en base a los antecedentes que les ha puesto en conocimiento el Acme, existen méritos para formular cargos, (si hay indicios de que estamos en presencia de conductas irregulares o ilícitas) y posteriormente es el superintendente, también asesorado por este comité, quien toma la determinación final de aplicar sanciones o de cerrar el caso sin sanciones”, explicó Pavez.
Dos
formulaciones
En relación a las críticas relacionadas por la brecha de cinco meses entre las dos formulaciones de cargos, Pavez señaló que esto no ocurrió “porque yo no haya estado presente en el periodo que se hizo la investigación o que se formularon los cargos”, sino que el “centro de lo que se había determinado al mes de septiembre del año pasado, abordaba la mayoría de las responsabilidades”.