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Publicado: Jueves 20 de enero de 2011 a las 05:00 hrs.
Con el fin de definir las próximas acciones, se reunieron ayer los acreedores de la fallida corredora Serrano McAuliffe y el síndico a cargo de la quiebra, Ricardo Alid. La junta ordinaria tenía como principal tema discutir el eventual pago de los montos adeudados a través de la venta del 40% de las acciones de la mina de litio y potasio Maricunga que posee el ex gerente general de la entidad, Tomás Serrano.
El ex ejecutivo, que está bajo arresto domiciliario, ofreció en noviembre de 2010 el porcentaje accionario del único activo que le queda para poder pagar parte de la deuda, que se estima en $ 22.000 millones. Se esperaba que el compromiso se concretara durante esta reunión; sin embargo, sus representantes no aparecieron. Según los afectados la promesa no se materializó, por lo que el tema más importante no se cerró. Los acreedores decidieron contratar un estudio de abogados para iniciar acciones legales en contra de la compañía de seguros Chubb. De tener éxito, esta demanda podría aportar cerca de US$ 1 millón para prorratear entre los afectados. La aseguradora declinó hacer comentarios.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
“Hay muchos servicios que hoy día el sistema puede prestar y que van a mejorar la percepción de los ciudadanos y de los usuarios y no necesariamente bajar las tarifas, porque creo que es una pésima señal”, enfatizó Carlos Cruz.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.