Un incremento en la eficiencia y una baja en los tiempos que se demora una operación de factoraje, serán algunos de los efectos que tendrá la factura electrónica, la que comenzará a regir desde noviembre de este año, de manera gradual, y será obligatoria en febrero de 2017.
En el marco del congreso organizado por la Asociación Chilena de Factoring (Achef), sobre el “Impacto de la Factura Electrónica en la Industria del Factoring”, el vicepresidente de la entidad gremial, German Acevedo, expuso sobre los beneficios que tendría la nueva normativa, y además detalló las diferencias que existen entre el actual sistema y el que se comenzará a implementar a partir de finales de año.
Por definición, según Acevedo, el factoring electrónico “corresponde a una modalidad de factoring, en la cual el documento cedido corresponde a una factura electrónica sin utilizar papel u otro medio físico como soporte; es decir, las transacciones que se efectúan entre el cliente, el deudor y el factor son totalmente en línea”.
Por otro lado, el ejecutivo afirmó que “es de esperar que se transforme en un instrumento que sea efectivamente transable y que pueda permitir a las empresas tener financiamientos muchísimo más fluidos y baratos”
.
Cómo será la gradualidad
El calendario que deberán seguir las empresas para comenzar a aplicar de forma obligatoria la factura electrónica está definida por sus ingresos y ubicación. Así, para las grandes empresas, cuyos ingresos anuales por ventas y servicios en el último año calendario superen las UF 100.000, la normativa comenzará a regir desde el 1 de noviembre. Para las pymes, existen dos tipos de clasificación, según si se ubican en zonas urbanas y rurales. Así, para las primeras de ellas, la facturación electrónica comenzará a ser obligatoria a partir del primero de agosto de 2015, mientras que para las rurales desde el 1 de febrero de 2016. Respecto de las microempresas, las que estén ubicadas en zonas urbanas, la medida comenzará a regir también desde el 1 de febrero de 2016, mientras que las de ubicación rural el primero de febrero de 2017.
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