La especialización dentro de los estudios corporativos se está profundizando cada vez más por la mayor complejidad de ciertas materias, principalmente regulatorias. Un ejemplo de ello es lo que viven en Barros & Errázuriz, donde por estos días el área de Regulación Urbanística y Ordenamiento Territorial pasó a ser prioritaria dentro del estudio.
El socio experto en temas urbanísticos e inmobiliarios Óscar Ruiz Tagle advierte que desde hace tiempo han detectado una gran cantidad de problemas y retrasos en los proyectos inmobiliarios, “no necesariamente residenciales, sino también turísticos, comerciales, industriales, de retail, hoteleros y otros, precisamente por temas regulatorios urbanísticos que son de difícil solución y que requieren de una respuesta legal y administrativa especializada”.
Así, asuntos como la regulación del suelo y la aplicación de la normativa urbanística, dictámenes y circulares en esta materia se han hecho cada día más complejos y sofisticados.
A su juicio, los desarrolladores e inversionistas inmobiliarios requieren de este tipo de asesoría urbanística, “sin embargo, también hemos tenido consultas de empresas de energía, portuarias, mineras y de otras áreas de la producción, ya que la regulación del suelo en que se instalan y la relación de éste con las exigencias sanitarias y ambientales, los cambios en los instrumentos de planificación territorial, y los permisos asociados generan conflictos e impactos económicos muy relevantes en su desarrollo”.
Por lo anterior, en B&E han decidido reforzar esta área con un equipo proveniente de la administración pública, como es el caso de Alejandra Aránguiz quien trabajó en la División de Desarrollo Urbano, Segpres y departamentos jurídicos de distintas municipalidades, y de Juan Pablo Álvarez, quien trabajó en el Ministerio de Bienes Nacionales.
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