Se hizo pasar como un exitoso empresario. Que tenía negocios e inversiones tanto en Chile como en el extranjero; que se dedicaba al rubro de arriendo de maquinaria para la industria minera. Su señora se presentó como una solvente y respetada abogada. Esta pareja llegó hasta la sala de ventas del proyecto inmobiliario "Cúbica Marbella", ubicado en el exclusivo complejo inmobiliario de la Región de Valparaíso. Convencieron a todos. Entregaron un cheque para adquirir un departamento; les pasaron el piloto, pero todo fue una estafa.
El 15 de enero de 2019, el supuesto empresario hizo llegar una oferta por uno de los departamentos: 12.600 Unidades de Fomento, esto es al momento de los hechos unos $ 347 millones. La pareja solicitó expresamente que la vivienda se entregara por adelantado y con todo el mobiliario que se mostraba en dicha unidad: era el departamento piloto.
Inmobiliaria Costa Marbella aceptó la oferta, incluso la entrega anticipada del inmueble, pero solo bajo la condición que se entregara a más tardar el 1º de febrero de 2019 un vale vista por el monto total del precio, sin instrucciones asociadas.
A fines de enero, la pareja envió los antecedentes necesarios para la redacción de la promesa de compraventa, y solicitaron que el contrato se hiciera a nombre de su sociedad vinculada al sector minero. En ese momento, señalaron que sus fondos se encontraban en el extranjero, específicamente en Estados Unidos y que estarían disponibles a fines de febrero de este año.
Hasta que llegó el 31 de enero. Ese día, las partes suscribieron el contrato de promesa de compraventa. Antes, la pareja solicitó que se modificara el nombre de la sociedad adquiriente. En ese momento, entregaron como garantía un cheque por $ 347.180.000.
Un mes después, el 22 de febrero, se concretó la entrega material del inmueble.
Pero todo se destapó el 5 de julio, cuando la inmobiliaria cobró el cheque en el banco. Era robado. Todos los antecedentes figuran en la querella que presentó la empresa dueña del departamento en contra de la pareja.
"Al celebrarse la promesa de compraventa, se entregó materialmente el departamento a los querellados. Cuestión a la que se accedió atendida la serie de circunstancias que daban cuenta de una aparente solvencia de quienes se presentaron como un grupo familiar con evidente solvencia, con fondos en el extranjero, múltiples sociedades y respecto de los cuales se solicitó una garantía por el precio total, como forma de garantizar el pago del precio y justificar el adelanto de la entrega", dice la acción judicial, en la que se añade que a mediados de marzo de 2019, se comienza la redacción de la escritura pública de compraventa, la que fue enviada para la revisión de los querellados el 25 de marzo.
"Ante esto la querellada responde que confirmará el día para su suscripción. Con esto se dio inicio a un sinfín de excusas y dilaciones a la suscripción de los documentos", se precisa.
Pese a todo, desde la inmobiliaria se asume un error en la forma de enfrentar la operación. "El error vino dado por la equivocada representación de la realidad -imputable a los engaños mencionados- que llevó a creer que la oferta planteada por los querellados era seria y real, llegando a entregarles de forma anticipada el departamento, cuestión que generalmente no se realiza; esto sólo debido a la seguridad extrema producida en mi representada, gracias a la falsa representación de que la obligación estaba garantizada por un cheque y por la solvencia y buena situación económica de los querellados", dice la acción judicial.
En la demanda la empresa apunta a los ingresos que dejó de percibir durante los casi 7 meses "de uso gratuito de la propiedad". Dijo que esto se traduce monetariamente en la una suma de por lo menos $ 180 mil de arriendo por día, lo que se aumenta en los días de verano, por lo que estima que el perjuicio total asciende a $ 35,9 millones.
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