Embotelladoras barajan posibilidad de un acuerdo en la disputa con la FNE
Al igual que ahora, el requerimiento de la Fiscalía contra la cervecera estuvo acompañado de...
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Por José Carlos Prado
Tal como sucedió con CCU en 2008, la alternativa de un acuerdo entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y las embotelladoras Andina y Embonor no es descartada por los protagonistas del enfrentamiento. Si bien en las respuestas al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ambas compañías desestimaron los fundamentos de la fiscalía, mientras duró la investigación se tomaron algunas medidas para evitar algunas prácticas anticompetitivas.
A esta altura del proceso la posibilidad de un avenimiento se va lejana, sin embargo fuentes confirman que los avances logrados con anterioridad al requerimiento hace más patente esta posibilidad.
En su escrito, Embonor destaca el plan de autorregulación que definió mientras la FNE investigaba, documento en el que describen un conjunto de medidas y políticas de la compañía para evitar infracciones a la de libre competencia. En este plan, la empresa se obliga a “no establecer (obligaciones), ni unilateralmente ni mediante acuerdos, ni de ninguna otra forma, en sus relaciones con los establecimientos, sea que se rijan por actos, contratos o convenciones expresos o tácitos o de cualquier otra manera, ni exclusividad vertical ni incentivos exclusorios”. (ver recuadro)
Acciones de Andina
Lo mismo sucede en el caso de Andina. La empresa, señalan en su escrito, ha instruido permanentemente a sus dependientes para que no se valgan de ningún medio o instrumento para que impidan el negocio de las marcas B.
En su defensa, la compañía asegura que en caso que se produzca una práctica de actos de presión sobre los puntos de venta, tales actuaciones “deben estimarse ajenas a la política de la compañía, opuestas a las instrucción expresas”.
Similitudes con CCU
En paralelo al requerimiento de la FNE, Embotelladora ELSA también presentó una demanda contra ambas embotelladoras. Ese escenario es similar al de 2008, ya que las pequeñas cerveceras también demandaron paralelamente a CCU.
En ese momento, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aceptó el avenimiento propuesto por la cervecera y la Fiscalía Nacional Económica (FNE), donde se estableció que CCU eliminará las barreras -claúsulas de exclusividad-, para la venta de cervezas que no sean de su portafolio en pubs, restaurantes y discoteques. Esta presentación se hizo en marzo de ese año y ya en junio las partes habían llegado a un acuerdo.