El desgaste propio de una seguidilla de procesos judiciales, sumado al cambio a la baja en la señal de precio por la consolidación de las energías eólica y solar, parecen ser el cóctel perfecto que habría llevado al empresario Isidoro Quiroga a abandonar un proyecto hidroeléctrico que impulsó durante más de una década.
Isidoro Quiroga es el controlador de la salmonera Australis.
Se trata de Achibueno, iniciativa que se buscaba emplazar en el río del mismo nombre, en la Región del Maule. Involucraba una inversión de US$ 285 millones para la instalación de 135 MW de capacidad en la zona cordillerana de la comuna de Linares, mediante la construcción de dos centrales de pasada, Centinela y El Castillo, más una línea de transmisión para inyectar la energía producida al sistema.
El martes y a través de una carta, Eléctrica Centinela -ligada a Electro Austral, la firma por medio de la cual el empresario incursiona en el negocio eléctrico- le comunicó a la Dirección Regional del Maule del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) su decisión de renunciar al permiso ambiental del proyecto, el que fue aprobado en 2011, en medio de un fuerte rechazo hasta hoy de las comunidades locales, el cual se tradujo en una serie de acciones judiciales para tratar de impugnar el desarrollo del proyecto.
En el documento, el representante legal de la empresa explica que la renuncia se produce en consideración a que la empresa “ha debido postergar indefinidamente el inicio de la construcción del proyecto”.
En Electro Austral declinaron hacer comentarios respecto de las razones que motivaron a Quiroga a echar por tierra este desarrollo, pese a que cercanos a la iniciativa comentan que ya había invertido varias decenas de millones de dólares en su desarrollo, considerando la elaboración de estudios de impacto ambiental y los diversos litigios que enfrentó desde 2009, cuando inició la tramitación del complejo y de su línea de transmisión, en la que enfrenta la dificultad de constituir las servidumbres respectivas.
En la carta al SEA, la firma asegura que hasta ahora no habían realizado faenas u obras de carácter material en la zona comprendida por el proyecto Achibueno.
Pero no es todo. Quiroga habría decidido desechar otros proyectos hidroeléctricos que tenía en carpeta.
Larga historia judicial
La judicialización de Achibueno es de larga data. La comunidad local estaba organizada en el movimiento “salvemos el Achibueno” a través del cual realizaron múltiples campañas y actividades en rechazo a la iniciativa, acusando que las centrales secarían parte del cauce del río y denunciando múltiples vicios en la evaluación del complejo hidroeléctrico.
Uno de los últimos capítulos de esta historia se escribió a mediados de abril de este año, cuando la Organización NO Gubernamental (ONG)FIMA presentó una reclamación para insistir en la impugnación de la resolución que acreditó en 2015 el inicio de las obras del proyecto, lo que permitió a la empresa evitar la caducidad de su permiso ambiental.
A ellos se suma la decisión de la Corte Suprema que en julio del año pasado ordenó al SEA abrir un procedimiento invalidatorio de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa.
El gobierno, a través del plan denominado “+Energía”, había incluido a este proyecto entre las diez iniciativas de generación que ayudaría a destrabar.
Empresas devuelven derechos de agua para evitar pagos
El empresario Isidoro Quiroga es uno de los mayores tenedores de derechos de agua del país. En su momento incluso llegó a ser denominado como el "zar del agua".
Sin embargo, hace un tiempo el también controlador de la salmonera Australis, inició un proceso de devolución de estas licencias, debido a las altas sumas asociadas al pago de patentes por no uso que anualmente debía cubrir. Esto, en un escenario en que la rentabilidad de los proyectos hidroeléctricos va a la baja, debido a la caída de los precios de la energía, asociada a la mayor presencia de generación eólica y solar.
La devolución de licencias de aprovechamiento hídrico se ha vuelto una tendencia a la que varias empresas se han sumado. Conocidos son los casos de Enel y Colbún, en el caso del polémico HidroAysén, como de AES Gener, que en 2015 y 2016 retornaron varias licencias.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Aguas (DGA) este año un total de 5.292 titulares de derechos, tanto consuntivos (agua que se usa y no se devuelve al cauce) como no consuntivos (agua que se usa y luego retorna al cauce), deberán cancelar más de $ 81 mil millones por concepto de patentes por no uso. Esta cifra representa un incremento de $ 8 mil millones respecto del año anterior, porque algunos derechos vieron cuadruplicado el monto del cobro por llevar más de diez años sin hacer uso efectivo.
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