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Publicado: Miércoles 24 de diciembre de 2014 a las 05:00 hrs.
La Fiscalía Centro Norte informó en la tarde de ayer que el fiscal de Alta Complejidad José Morales pidió audiencia para formalizar a Aldo Motta y Claudia Morales por entregar información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Esto por haber infringido el artículo 59 A de la Ley del Mercado de Valores relativas a los que maliciosamente proporcionen antecedentes falsos o certificaren hechos falsos a la superintendencia, a una bolsa de valores o al público en general.
La determinación se adoptó dado que los antecedentes recabados durante la investigación permitieron establecer que dentro de las sociedades Cascada se cambiaron actas para dificultar la actividad fiscalizadora de la SVS.
"En los próximos días el tribunal definirá una fecha en la que se efectuará la audiencia de formalización de los dos imputados en esta causa", dijo la fiscalía. Lo más probable, es que ésta sea durante el mes de enero, estiman entendidos.
Con esto, la entidad contará con mayores atribuciones para ordenar diligencias que antes no podía solicitar, además de pedir medidas cautelares, y se suspende el curso de la prescripción de la acción penal, según lo dispuesto por el Código Penal.
Las condenas que arriesgan estos ejecutivos irían desde presidio menor en su grado medio, a presidio mayor en grado mínimo.
El también, gerente general de Norte Grande, Aldo Motta, ha empezado a ganar cada vez mayor notoriedad en el denominado caso Cascada. Esto porque, además de haber sido multado por la SVS en unos US$ 25 millones, por infracciones a la Ley de Mercado y Valores y _la de Sociedades Anónimas,
sería formalizado por eventual falsificación de actas de directorio de Oro Blanco y Pampa Calichera, que tratan acerca de operaciones que forman parte de la llamada arista Linzor.
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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