El gobierno ya puso sobre la mesa el principal insumo que pretende lucir en la COP25 que se realizará en diciembre, poniendo en consulta pública el anteproyecto de actualización de la Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que corresponde al instrumento donde cada país define los compromisos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
En el documento de 41 páginas se desglosan las acciones que pretende impulsar el gobierno para que especialmente el sector privado cumpla el objetivo principal de reducción de 45% de los valores de 2016 para 2030.
El sector energético es uno de los más desafiados, ya que representa 78% de las emisiones a 2016, dicen, por lo que se consagran una serie de acciones para ellos.
La propuesta fue mirada con buenos ojos por algunos, y otros con dudas. En este último grupo está el director de Estudios y Regulación de la Asociación de Empresas Eléctricas, Javier Bustos, quien asegura que falta un poco más de medidas de adaptación específicas para el sector.
"Se menciona la seguridad hídrica como algo necesario de abordar en materia de adaptación, pero no es solamente eso, sino que también es la infraestructura que será necesaria para esta electrificación", dice.
La meta
Aunque la meta de reducción del 45% de las emisiones de gases con efecto invernadero para 2030 ha recibido la venia de diversos actores, aún hay dudas de la ruta que se caminará para alcanzarla.
Al respecto, el presidente de Sonami, Diego Hernández, señala que “parece una meta muy ambiciosa y muy aspiracional, pero hay que revisar cuál es el plan para llegar a esa meta para decir si es poco realista o no”. El dirigente agrega que lo que el gobierno ha presentado está al medio. “No hay un plan que pueda garantizar hoy que esas metas se van a cumplir y que Chile es capaz de absorber el costo de eso (…) Ahora viene esa etapa de empezar a estudiar y el gobierno tendría que ver qué incentivos pone para poder tratar de alcanzar o acelerar esas metas y eso no es tan sencillo, porque al final los incentivos son económicos”, explica.
Más áreas marinas protegidas
Considerando que la COP25 está sonando a nivel internacional como la “COP Azul”, por la relevancia que buscar dar la presidencia entrante a los océanos, el gobierno la recoge en su propuesta calificándolo de como el responsable de capturar cerca de un tercio del CO2 antropogénico (impacto humano sobre el medio ambiente) emitido a la atmósfera.
Por esto, se sugiere –entre otras medidas- que Chile se comprometa a crear nuevas áreas protegidas en ecosistemas costeros, marinos y acuáticos continentales subrepresentados, especialmente en el norte y centro del país; y además que al 2025 todas las áreas marinas protegidas de Chile creadas hasta antes de 2020 cuenten con su plan de manejo o administración que incluyan acciones para la adaptación al cambio climático.
Respecto a esto, el gerente general de Sonapesca, Héctor Bacigalupo, señaló que están a favor de la protección y “las áreas marinas protegidas son una herramienta” para ello, pero “las cosas tienen que hacerse bien y eso significa que lo primero que hay que hacer son estudios que digan cuál es la línea base, qué es lo que vas a proteger y cuál es el objetivo, después que tengan procesos de conversación con los actores”.
“En este caso, si van a avanzar a la zona centro y norte del país, nos da la sensación de que deberían ser áreas costeras. Y en ese caso es posible que a la pesca industrial no le afecte, pero sí a la artesanal y tienen que incorporarlos a ellos en la conversación durante todo el proceso, cosa que no ocurrió en el paso”, explica.
Más crítico es el abogado Jorge Cash, quien sostiene que estos compromisos no guardan relación con la evidencia en gestión ni con el marco regulatorio, ya que “la propuesta vincula la eficiencia de la captura de CO2 de los mares a una debida administración de las áreas marinas protegidas, para lo que compromete que el 100% de ellas contará con planes de manejo al 2025, en circunstancias en que el reglamento para crear estos planes se encuentra en etapa de borrador”.
“No ayuda el anuncio en orden a revisar la actual política oceánica, considerando que fue promulgada en marzo de 2018 y que nunca se ha aplicado”, dice.
La nueva meta del carbono negro
La novedad de la propuesta estuvo en torno al denominado “carbono negro” que proviene del consumo de diésel para transporte terrestre, del uso de leña de calefacción y otras fuentes, representando uno de los principales contaminantes de vida corta a nivel local. En este tópico, se propone una reducción de un 10% a 25% de las emisiones totales al 2030.
“Este compromiso se implementará principalmente a través de las políticas nacionales asociadas a calidad del aire. Y será monitoreado a través de un trabajo permanente y periódico en la mejora de la información del inventario de carbono negro”, se plantea en el documento.
La huella hídrica
En medio de la crisis hídrica que ha golpeado con fuerza el país, el documento propone el aumento de la resiliencia del país respecto de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos, a través de una metodología y línea base para medir la huella hídrica que permita hacer seguimiento del uso del agua y avanzar en alcanzar la seguridad en este aspecto.Asimismo, se propone que al 2025 también se haya integrado un piloto de medición de huella de agua en el programa HuellaChile, junto con que al 2030 estén elaborados planes estratégicos de Cuenca para gestión de Recursos Hídricos considerando la adaptación al cambio climático en las 101 cuencas del país.
Este punto fue visto con preocupación por la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín. “El desafío estructural de Chile es la crisis y la estrechez de recursos hídricos y no hay ninguna medida salvo que se va hacer gestión integrada en cuencas”, dice y agrega que “el elemento preocupante es la insuficiencia y la falta de acción absoluta en relación al tema”.
Sin embargo, para el presidente de Sonami era esperable que no hubiese acciones concretas considerando que el gobierno ya lo está analizando por ejemplo a través de la Mesa Hídrica. “Sería como prematuro poner eso ahora sin haber hecho ese estudio”, dice.
Incorporar riesgos climáticos a la inversión
Otro punto es el financiamiento. El gobierno sugiere que se elaborará e implementará la “Estrategia de Desarrollo de Capacidades y Empoderamiento Climático a partir de 2021 para fortalecer la institucionalidad del cambio climático y fomentar la participación de la ciudadanía.
Entre otras medidas, se propone dar recomendaciones al sector financiero para que incorporen los riesgos climáticos en las decisiones de inversión y crédito, permitiendo además identificar oportunidades en la transición hacia una economía carbono neutral. Según consta en documentos, esto fue propuesto por el Ministerio de Hacienda.
VER MÁS
MARKET DATA
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
Chile
