El Tribunal Ambiental de Valdivia rechazó por unanimidad la demanda presentada por la Municipalidad de Ancud en contra de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), por el vertimiento de cerca de 9.000 toneladas de salmones muertos en Chiloé, en 2016.
El mencionado tribunal concluyó en la sentencia que la Municipalidad no pudo acreditar que el daño ambiental, en específico la marea roja, haya sido consecuencia de la acción autorizada por Directemar y Sernapesca.
En el fallo se indica que "no se probó cuál era el ecosistema afectado; ni cómo la acción u omisión acusada generaba una pérdida, disminución, detrimento o menoscabo en el ecosistema identificado".
Incluso, se respalda la acción visada por los dos organismos acusados, señalando que los medios de prueba presentados por ambos "entregan argumentos para respaldar que el vertimiento de los desechos al mar fue una decisión correcta".
El Presidente (S) Tribunal Ambiental de Valdivia, Michael Hantke, agregó que la decisión "se hizo en un contexto de emergencia y de protección de la salud de la población de las regiones y por tanto se ajustó a la normativa ambiental aplicable, en este caso, el Protocolo de Londres".