Este jueves, el Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó la ceremonia de promulgación de la Ley de fraccionamiento pesquero. Se trata, a grandes rasgos, de un articulado que es considerado el corazón de la Ley de Pesca, dado que distribuye las cuotas entre artesanales e industriales, una lucha histórica del sector.
Y en esta ocasión, quienes vieron crecer sus porcentajes fueron los primeros, ante la férrea oposición de los segundos, que se han manifestado en contra de la iniciativa desde que fue presentada. Ahora, incluso hay pesqueras que ya han comenzado con acciones legales, acusando que el proyecto tiene un carácter expropiatorio.
“Somos empleados del pueblo, no de los poderes fácticos o las grandes empresas. Por eso, este proyecto se enmarca dentro de nuestro principio de que la riqueza es para quienes la producen, el royalty a la minería tiene el mismo propósito y que la riqueza no se quede en las grandes empresas”, espetó el Presidente en La Moneda.
“Somos empleados del pueblo, no de los poderes fácticos o las grandes empresas. Por eso, este proyecto se enmarca dentro de nuestro principio de que la riqueza es para quienes la producen”, arengó el Presidente Boric en La Moneda.
Durante su intervención -en la que fue acompañado por el ministro de Economía, Nicolás Grau, y el subsecretario de Pesca, Julio Salas-, recordó ante asociaciones de pescadores que “protestamos juntos en 2012 ante una ley que denunciamos en ese entonces que era corrupta” y que “se hablaba de las siete familias, hoy son miles de familias las que se beneficiarán con esta nueva redistribución de los recursos pesqueros”.
El ministro Grau, en la misma línea, apuntó a que la ley permitirá “tener una distribución más justa” y que las cuotas “no debían quedar en manos de unos pocos”.
Claves de la iniciativa
La principal razón del Ejecutivo para impulsar el proyecto siempre estuvo clara: argumentaron desde el inicio del Gobierno que, a raíz del caso Corpesca, la legislación actual estaba manchada y, por ello, en un principio ingresaron una nueva Ley de pesca completa. Ante el lento y casi nulo avance de dicho cuerpo legal, optaron por remover el corazón de la norma, el fraccionamiento, e ingresarlo por separado. Y ahí se tramitó con una agilidad que no es habitual en el Congreso. Entró en septiembre y en junio ya era Ley.
En general, es una norma que genera un nuevo esquema para distribuir las cuotas globales de captura para 23 pesquerías nacionales y, según detalló el Gobierno, los nuevos porcentajes comenzarán a regir en enero de 2026.
“El Congreso optó por el camino fácil, dejándonos ahora como único camino acudir a tribunales”, dijo el gerente general de Camanchaca.
El propio Ejecutivo ha cifrado en US$ 160 millones el traspaso desde el sector industrial al artesanal a través de la nueva normativa.
Asimismo, se incorporó el cobro de una patente especial a los industriales que adquieran cuotas internacionales de jurel mediante transferencias de otros países, con el fin de financiar el proyecto.
Descargos de las compañías
Desde el sector industrial, nuevamente embistieron contra la iniciativa. En una declaración enviada a DF, el gerente general de la pesquera y salmonera Camanchaca, Ricardo García Holtz, argumentó que el debate legislativo se vio enturbiado por una narrativa “construida para contraponer y polarizar a la pesca industrial contra la pesca artesanal mediana y pequeña, presentando esta iniciativa como el enfrentamiento de poderosos contra vulnerables o de ricos contra pobres, todo lo cual no tiene ningún fundamento en la realidad”.
Esta empresa ya había anunciado que emprendería acciones legales contra el Estado, acusando que se vulneraron sus derechos adquiridos y su patrimonio al alterar el régimen de licencias vigente, lo que ahora ratificó: “Las empresas industriales no pidieron privilegios, solo pidieron reglas claras y estables (...) El Congreso optó por el camino fácil, dejándonos ahora como único camino acudir a los tribunales”.
Desde la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), sostuvieron que la norma “empobrece a un sector sin generar riqueza adicional (...) Fue, más bien, la constatación de una mirada parcial, estática y de corto plazo por parte del Gobierno”.
Así lo declaró su presidente, Felipe Sandoval, quien agregó que “es una paradoja que el Gobierno haya celebrado evitar el cierre de algunas empresas, en vez de hacer una ley que impulse el empleo, la inversión y el desarrollo sostenible del sector en su conjunto”.
La presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, argumentó que ahora la actividad industrial de la Región será más reducida, y que “comenzará a adaptarse a esta nueva realidad más estrecha, pero pese al daño que nos generó esta ley nos enfocaremos en adecuarnos a este nuevo marco institucional buscando proteger el empleo regional, la generación de alimentos y el resguardo de los recursos sobre los cuales operamos”.
Y declaró: “Nuestra esperanza es que con la ley promulgada se cierre definitivamente esta animosidad contra la pesca industrial por parte de algunos sectores políticos y se deje de destruirla”.
García, de Camanchaca, postuló en esa misma línea: “Sabremos adaptarnos, reconfigurar nuestras operaciones, ajustar nuestros talentos e inversiones y, por supuesto, recurrir a la institucionalidad para obtener las reparaciones que la ley contempla”.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
pesca
