Jornada larga e intensa vivieron este martes Latam Airlines y sus acreedores, en la primera de dos audiencias convocadas para esta semana, con las que la compañía busca que se confirme su plan de reorganización, marcando el último hito del proceso bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos.
La cita ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York comenzó 22 minutos después de lo previsto y fue transmitida vía ZoomGov. En ella, se discutieron algunas objeciones que se mantienen, incluso tras siete modificaciones y luego de que la semana pasada se lograra un acuerdo con los tenedores de bonos emitidos en Chile -incluidos los representados por BancoEstado-, el Comité Oficial de Acreedores no Garantizados (UCC, su sigla en inglés), el grupo ad hoc de acreedores valistas -liderado por Sixth Street, Strategic Value Partners y Sculptor Capital- y los principales accionistas del grupo.
Los puntos más álgidos
La audiencia -que se prolongó por cerca de ocho horas- comenzó con un primer interrogatorio a Ramiro Alfonsín, director financiero de Latam, y al asesor legal de la firma, Brent Herlihy, de PJT Partners.
En ambos casos, el foco estuvo en el rol del Grupo Evercore, representante de los acreedores valistas, y su apoyo al plan, con el que se busca inyectar US$ 8.190 millones en recursos para la empresa.
Los abogados de los deudores buscaron destacar que, si no fuera por ese pacto, Evercore no estaría respaldando hoy la propuesta.
Luego, el tribunal repasó, con distintos testigos, aspectos que han sido motivo de disputa como la conversión de deuda en acciones, el valor de la compañía post proceso, el aumento de capital, y la tensión entre ley chilena y de EEUU.
Respecto de este último punto, fue llamado a testificar José Miguel Ried Undurraga, abogado desde 1995 en Chile y desde el año 2000 en el estado de Nueva York, EEUU.
“Me pidieron que preparara un informe sobre el plan de reorganización propuesto por Latam para, básicamente, ver si estaría en conformidad con la ley chilena”, relató.
Al ser consultado por su conclusión, dijo: “El plan no cumple con la ley chilena, básicamente porque incluye un aumento de capital que no cumple con los requisitos de la ley local, porque se pagarán con créditos y no con efectivo”.
Agregó que para hacer esto, la junta de accionistas debe aprobarlo por mayoría de dos tercios. También señaló que “los bienes transferidos a cambio de las acciones tienen que ser tasados por peritos”.
Este miércoles se llevará a cabo una segunda jornada en la que se abordarán otras objeciones pendientes y para el viernes se acordó otra cita en el Tribunal para los argumentos finales de las partes.
Según conocedores del proceso, la decisión de Garrity se podría conocer “un par de días despúés”.
Una vez que dé su dictamen, la aerolínea se enfila a declarar el fin del proceso de reestructuración, y deberá convocar la junta de accionistas para que apruebe el aumento de capital.
Así, la compañía mantiene su objetivo de salir del Capítulo 11 en la segunda mitad de 2022.
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