El gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley de reforma institucional, que busca modernizar el funcionamiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que entre otros cambios restringe la duración en el cargo del abogado consejero a 10 años o hasta cumplir los 75 años de edad, eliminando los cupos vitalicios.
Asimismo, establece nuevos requisitos para ser abogado consejero, y modifica el actual sistema de nombramiento los mismos, quienes ahora tendrán que pasar por un concurso público, para que luego, el Consejo de Alta Dirección Pública presente una quina al Presidente de la República, quien finalmente elegirá.
Además, el proyecto presentado establece un procedimiento de remoción de los abogados consejeros con causales determinadas, el que puede ser solicitado por el Presidente o por un tercio de la Cámara de Diputados. Dicha solicitud será resuelta por la Corte Suprema, luego de un procedimiento regulado por ley. Las causales de remoción serán: Incapacidad física o psíquica, notable abandono de deberes, negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones, o por haber incurrido en alguna de las prohibiciones que establece la ley.
En otro aspecto, la iniciativa legal establece la obligación de tener una dedicación prioritaria en sus funciones para los abogados consejeros y los abogados procuradores fiscales. No podrán, por ejemplo, tener otros cargos remunerados con fondos del Estado; no podrán celebrar contratos con el sector público que signifiquen la prestación de sus servicios; tampoco podrán participar en propiedad de empresas y sociedades que presten servicios jurídicos al sector público, entre otras limitaciones.
También, el proyecto de ley establece causales y un procedimiento de inhabilitación de los abogados consejeros, así como se agrega nuevas prohibiciones posteriores al cese del cargo, como no poder ser nombrados miembros de los Tribunales Superiores de Justicia durante el plazo de un año.
En otros aspectos, la iniciativa legal presentada entrega nuevas funciones del Consejo de Defensa del Estado, tales como la colaboración en la defensa internacional de Chile, a requerimiento del Presidente de la República; la extensión de la intervención del Consejo hasta la etapa de ejecución de la pena, o la defensa de
los recursos de protección de los órganos centralizados, en otros aspectos.
Asimismo, la reforma establece nuevos deberes y atribuciones del Presidente del organismo, como la facultad de determinar la organización interna del Consejo, previo acuerdo de los abogados consejeros; la facultad de encomendar tareas específicas a los abogados consejeros, y definir las materias de especialidad que serán vistas por cada uno.
Además, el proyecto crea cuatro nuevos cargos: un decimotercer abogado consejero, (de modo que el Presidente del Consejo no integre las comité de trabajo) dos abogados procuradores fiscales más para Santiago, y un Director Ejecutivo, quien será de exclusiva confianza y dependiente jerárquicamente del Presidente del Consejo.
Finalmente, se consagra por ley un Comité de Ética, integrado por el Presidente del Consejo, un abogado del Servicio y el Presidente del Colegio de Abogados con mayor número de afiliados.
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