Rodeado de abogados y ejecutivos, con mascarilla y cubriéndose el rostro, se presentó al 4° Juzgado de Garantía para su audiencia de formalización el presidente de la Clínica Las Condes (CLC), Alejandro Gil, pareja de la controladora de la compañía, Cecilia Karlezi.
El directivo fue formalizado tras las querellas por apropiación indebida que han presentado decenas de exmédicos de la clínica que lo acusan de no haber efectuado los pagos de honorarios de prestaciones realizadas en el establecimiento.
Por parte del Ministerio Público, el caso es liderado por la fiscal Karin Naranjo que, como medidas cautelares, pidió firma mensual y arraigo nacional para el directivo. La defensa, encabezada por el abogado Álvaro Jofré, estrecho asesor legal de Gil, no se opuso a esa solicitud.
Sin embargo, una de las abogadas querellantes, Pamela Contreras, del estudio Colombara -y que trabaja en este caso junto al exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández- solicitó que a estas medidas se le agregara la prohibición de acercarse a CLC y de comunicarse con la plana alta de ejecutivos.
La fiscal Karin Naranjo (sentada) junto a algunos de los abogados querellantes. Foto: Julio Castro
A pesar de la oposición de la defensa, el tribunal acogió esta petición sólo en cuanto al primer punto. Así, Gil quedó con prohibición de acercarse a la CLC, excepto en el caso de que deba realizarse atenciones médicas.
Asimismo, se fijó un plazo de ocho meses para la investigación.
Además de Jofré, Gil también estuvo acompañado, entre otros, por el gerente general de la Clínica, Pablo Ortiz; y por el abogado Cristóbal Bonacic, quien este año ha estado encabezando la defensa de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
Las acusaciones
A modo de síntesis, las acusaciones expuestas por Naranjo se basaron en el no pago de unos $ 2.600 millones a 21 sociedades médicas. No obstante, la fiscal señaló que en realidad las víctimas serían unos 50 doctores, pero que aún hay un peritaje pendiente para sumar esos montos, por los cual más adelante se podría solicitar una ampliación de la formalización.
Naranjo sostuvo que la compañía estaba mandatada para realizar todas las gestiones de cobro de las prestaciones hechas en la CLC, y liquidar dichos dineros a las sociedades médicas de las víctimas.
Sin embargo, dijo que no se implementaron “los sistemas, tecnologías, ni recursos humanos” para cumplir el mandato y que, además, no se pagaron los fondos en los 30 días en que correspondía hacerlo. De hecho, afirmó que hay procedimientos médicos efectuados en 2021 que aún no han sido pagados y que el directorio no hizo caso de la necesidad de tener un sistema de cobranza eficiente para pagar oportunamente a los médicos.
Por otro lado, argumentó que existió un ocultamiento del estado de cobro a las isapres por las prestaciones y que se negó “de manera permanente” el acceso a la información.
“Muchas de las víctimas fueron informadas por sus pacientes que sus cuentas se registraban al día, ya que tanto isapres, seguros complementarios y ellos habían pagado lo que correspondía a la clínica, pero esta constatación no se reflejaba en la información entregada por la clínica, en las cuales esos pacientes figuraban como pendientes de pago”, dijo Naranjo.
La defensa, por medio de Jofré, retrucaría que su representado jamás ha dejado un oficio sin responder y que no ha existido ningún tipo de oposición en ese sentido. Añadió que, incluso, Gil declaró en la causa de manera voluntaria y que, desde 2020, existen “miles y miles de transferencias realizadas en beneficio de los médicos querellantes”.
El debate por el alto involucramiento de Alejandro Gil en las decisiones de la empresa
Sus funciones “van más allá de presidir las sesiones de directorio, ya que, además, tiene el cargo de presidente ejecutivo de la clínica, lo que implica un control directo sobre la administración de ella”, dijo en su acusación la fiscal Naranjo. Esa idea fue clave para dirigir las acusaciones en contra del directivo, ya que se planteó que los gerentes generales que han rotado durante su gestión, “no han tenido libertad para el ejercicio de su cargo”, pues cada una de las decisiones, siempre pasa por Gil.
Contreras, la abogada querellante, hizo hincapié en ese punto para pedir más medidas cautelares. “Existe un gobierno corporativo absolutamente distorsionado. Las decisiones críticas son centralizadas (...) se toman de manera unilateral por parte del presidente del directorio, en este caso el señor Gil, relegando así al equipo gerencial a un rol subsidiario menor”, dijo.
Jofré, como abogado defensor, respondió que esto se trataba de una “caricatura” respecto del rol de Gil en la empresa y que éste no tiene facultades para actuar individualmente. Y así, puntualmente respecto a los pagos que se hacen a los doctores, para determinar si corresponde hacer un desembolso, esgrimió que esto es realizado por un software computacional: “El señor Gil no tiene, ni se encuentra, en el proceso de flujo de esa información. Luego, su presencia o ausencia de la clínica a este respecto no tiene ningún sentido”.
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Martín Baeza
