No sólo Juan Hurtado de Entel cree que el proyecto de ley que pretende congelar el pago de las cuentas de servicios básicos e impedir el corte del suministro mientras dure el estado de excepción es inconstitucional.
Esta vez, el máximo ejecutivos de la matriz de VTR, Liberty Latin America, decidió hacer llegar sus preocupaciones al gobierno Gobierno con el mismo propósito. En este caso, Diario Financiero tuvo acceso al borrador de esa misiva escrita en inglés, donde figuraba la firma de Guillermo Ponce, CEO de VTR y Balan Nair, CEO de Liberty Latin America. Aún así en la versión final el ejecutivo chileno se restó de la carta.
Allí, señalaron que "nuestra inmensa preocupación" por la moción parlamentaria que se discute en el Congreso, la que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y está en trámite en el Senado.
Los ejecutivos dicen que además de la incertidumbre legal que rodea a la normativa, hay un "impacto directo sobre los ingresos de esta medida, porque también resulta un incentivo perverso para aquellos usuarios que pueden pagar sus planes para terminar solicitando planes gratuitos".
Acusan que la normativa se aplica de manera "discriminatoria sólo al sector de telecomunicaciones", ya que interviene en el desarrollo de la actividad de los proveedores de servicios y afecta también sus derechos derivados de esta prestación.
"Viola los requisitos de proporcionalidad y la prohibición de la discriminación arbitraria, en comparación con otras industrias reguladas en estas iniciativas legales y con respecto a otras actividades de necesidad primaria que no están reguladas en ellas", acusan ambos ejecutivos.
Ponce y Nair sostuvieron que si se aprueban estas iniciativas, su efecto conjunto significará que durante el período de catástrofe las compañías no podrán cobrar por sus servicios, y se verán obligadas a proporcionarlas bajo pena de multas muy altas. "Si la prestación del servicio se ve obligada a ser gratuita, y si se restringe el uso de mecanismos efectivos para garantizar el pago de estas deudas, estas iniciativas darán lugar a una expropiación legal", añaden.
De continuar el proyecto tal y como está, advierten Ponce y Nair, "queremos hacerles saber que estas modificaciones tendrán efectos en la inversión y el empleo, y en la percepción de seguridad jurídica en Chile para los inversores".
Por esta razón, los ejecutivos solicitaron a los destinatarios de la carta hacerse parte del debate, de modo que el Congreso pueda tener la visión de representantes que conocen con mayor cercanía los obstáculos de su sector.
"Estamos comprometidos con Chile", dijeron los ejecutivos y recordaron el enorme esfuerzo que han hecho producto de la crisis sanitaria para mantener conectado el país. "En esta crisis de salud, hemos registrado un aumento considerable en la demanda de servicios de banda ancha, que se ha reflejado tanto en la intención de los usuarios de contratar servicios de Internet como en el aumento de casi el 40% en el tráfico en nuestras redes fijas y llamadas al centro de llamadas", sostienen.
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