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REGÍSTRATE AQUÍPor la prestación del servicio universal de telecomunicaciones en los años 2003, 2004 y 2005.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 12 de agosto de 2008 a las 08:18 hrs.
Vodafone y France Telecom, la compañía propietaria de Orange, deberán compensar a Telefónica con 51,6 millones de euros por la prestación del servicio universal de telecomunicaciones en los años 2003, 2004 y 2005, que garantiza el acceso a la telefonía a todos los ciudadanos a un precio asequible.
Así lo recoge un informe emitido hoy por la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones (CMT) que fija el reparto del coste de este servicio, que hasta ahora soportaba en su totalidad Telefónica. Sin embargo, en una resolución de noviembre de 2007, la CMT estimó que la carga que soportaba Telefónica era "injustificada".
En este sentido, la CMT señala que estos operadores deben compensar a Telefónica por este servicio, en un pago que deberá realizarse en el plazo de un mes.
En total, para esos tres años el coste estipulado del servicio es de 182,78 millones de euros, de los que a Telefónica corresponden, sumada la parte correspondiente a Telefónica Móviles, un total de 131,18 millones de euros.
Por su parte, Vodafone deberá compensar a la compañía española con 31,39 millones de euros y France Telecom con 20,23 millones
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
“Hay muchos servicios que hoy día el sistema puede prestar y que van a mejorar la percepción de los ciudadanos y de los usuarios y no necesariamente bajar las tarifas, porque creo que es una pésima señal”, enfatizó Carlos Cruz.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.