Afinando los detalles de la puesta en marcha del gobierno de
Sebastián Piñera se encuentra por estos días junto al electo presidente
de la República su grupo más cercano de colaboradores.
De hecho,
el próximo mandatario ya tiene en sus manos una nómina con los nombres
tentativos para integrar su gabinete, así como también los principales
cargos a nivel regional.
Es que desde el 27 de diciembre pasado
que el ex abanderado de la Coalición por el Cambio encargó a los
directores de los institutos Libertad, María Luisa Brahm, Libertad y
Desarrollo, Cristián Larroulet, y la Fundación Jaime Guzmán, Miguel
Flores, definir un listado con opciones para ser parte de su equipo de
gobierno y diseñar una hoja de ruta para los primeros días de su
administración.
Dicho trabajo culminó el miércoles pasado,
tras realizar 32 encuentros, donde se cumplió con el mandato de Piñera,
quien a partir de hoy comenzará a tomar decisiones respecto de los
nombres que pasarán a ser piezas clave en sus ministerios.
Lo que viene
Ahora
bien, el rol de Brahm, Larroulet y Flores no ha culminado. De hecho
ayer hubo una cita clave en el Instituto Libertad para avanzar en dos
temas que deben estar zanjados este jueves.
Uno, de qué forma
los Grupos Tantauco se organizarán en torno a los futuros ministerios y
la agenda de los primeros 100 días de gobierno, junto con las medidas
que serán anunciadas en este periodo.
Brahm comenta que estos
temas son fundamentales, de ahí que asegura que “esta semana de deberán
tomar importantes decisiones al respecto”.
Un integrante de los
Grupos Tantauco agrega que el sucesor de Michelle Bachelet “deberá
designar también a dos personas que estén a cargo de la transición en
el poder”.
Esto, se refiere a los profesionales que establecerán
puentes con la actual administración y solicitarán la información que
estimen pertinente para la instalación del nuevo gobierno.
Esta
misma fuente explica que el equipo de traspaso también tiene una arista
internacional y que implica establecer nexos con el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Respecto de los nombramientos de futuros
ministros, los asesores de Piñera aclaran que la materia no será
zanjada “con apuros, pues ahora estamos hablando de un presidente no de
un candidato, por lo que las decisiones deben tomarse con cautela”.
Ahora
bien, hay nombres que ya se han posicionado con mayor fuerza en
algunas carteras. Este es el caso de Felipe Larraín en el Ministerio de
Hacienda, Felipe Morandé en Obras Públicas y Fernando Coloma en Trabajo.
En
tanto, en relación al Servicio de Impuestos Internos, fuentes del
organismo apuntan a Franco Brzovic, Axel Buchheister y Rodrigo Alvarez.
Incluso señalan que se la planteó a Ricardo Escobar de continuar a la
cabeza del ente fiscalizardor, pero que éste descartó el ofrecimiento,
dado que retornará al sector privado.
Preparativos para el cambio de mando
Otro de los temas que ha concentrado la atención del equipo más cercano de Sebastián Piñera es el cambio de mando.
De hecho, Brahm asegura que “se trata de un evento inmenso” y que las invitaciones “deben despacharse a la brevedad”.
A
su juicio de la directora del Instituto Libertad este tema”debe avanzar
con la velocidad de un rayo. De ahí que las invitaciones al extranjero
para el cambio de mando salgan el 28 de enero”.
Piñera y Codelco
Dentro de sus primeras actividades como presidente de la República
electo, Sebastián Piñera aseguró que la Corporación del Cobre (Codelco)
seguirá siendo una empresa pública, pero se efectuarán “cambios
profundos”.
En un encuentro con periodistas de medios
extranjeros, el ex abanderado de la Coalición por el Cambio criticó que
“en los últimos tiempos Codelco ha perdido efectividad y eficiencia;
dejó de ser la empresa de cobre más grande de Chile y fue superada por
una empresa privada”.
En su análisis sobre la empresa estatal,
agregó que la entidad “necesita un salto adelante y va a requerir
nuevos capitales para hacer las inversiones que necesita”.
Sobre
dichos recursos, Piñera afirmó que serán “provistos por el Estado, la
retención de utilidades y una modificación del régimen del 10% de
ingresos brutos que se descuenta para financiar a las Fuerzas Armadas”.
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