Inquietud en México por la presión fiscal que genera la coexistencia de distintos sistemas de pensiones
Se trata de sistemas de retiro de empleados federales, estatales, municipales, universitarios y otros que tienen pasivos por 30% del PIB.
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REGÍSTRATE AQUÍSe trata de sistemas de retiro de empleados federales, estatales, municipales, universitarios y otros que tienen pasivos por 30% del PIB.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 30 de abril de 2012 a las 05:00 hrs.
Decir que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una bomba de tiempo por su sistema de pensiones es sólo parte de una realidad, pues en esta situación se encuentran los más de 100 sistemas de pensiones -federales, estatales, municipales, universitarios, sectoriales, civiles y militares- que no tienen suficientes fondos y deben solicitar al gobierno federal recursos presupuestarios que representan 13,8% del gasto programable y que, de entrada, en 2012 significan desembolsos por 367.000 millones de pesos (unos
US$ 28.200 millones), aunque dicha cifra podría superar los 400.000 millones de pesos (unos US$ 30.800 millones) al término del año.
Aunque este no es problema nuevo, sí es creciente y bien podría registrar una crisis sin precedentes en el próximo sexenio. “Lamentablemente, la seguridad social en México no se preparó ni reaccionó a tiempo…Ni los directivos responsables de estas instituciones ni los líderes sindicales quieren pagar el costo social de avisar que el barco se hunde, ni el costo político de proponer dolorosas medidas correctivas”, explica Pedro Vásquez Colmenares, especialista que realizó una exhaustiva investigación sobre su comportamiento y ries gos en las finanzas públicas.
Para dimensionar el problema sobre el gasto que representa este año, basta mencionar que en 2012, por cada mexicano se gastarán 9 pesos diarios a pensiones; 6,14 pesos diarios a educación; 2,77 pesos a salud; 2,07 pesos a desarrollo social, y 1 peso diario a seguridad pública.
El panorama del sistema de pensiones en México se ha complicado, toda vez que de los tres millones de pensionados que existían en el país, en tan sólo cuatro años pasaron a 4,1 millones, y en caso de ir a ese ritmo “los pensionados se duplicarán cada nueve años”, detalla en entrevista Vásquez Colmenares, quien asegura que en este momento es más importante atender los problemas que se derivaron en los últimos 40 años, para después diseñar la arquitectura del futuro.
La mayoría de estos sistemas son de reparto, es decir, que las pensiones se financian por medio de los patrones y trabajadores en activo.
Pasivos amanezan
De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010”, los planes públicos de pensiones que han sido analizados hasta ahora tienen pasivos por 3,3 billones de pesos de 2010 (unos US$ 250 mil millones). Estos prácticamente duplicaron su peso en el PIB, al pasar de 16,5% en 2007 a 30% tres años después.
Lo que significa que “las obligaciones laborales y por pensiones ya son 11 veces la deuda neta del país…Y los pasivos contingentes pueden poner en riesgo las finanzas públicas de la siguiente administración”, afirma Vásquez Colmenares.
En 2007-2010 se creó un Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones de estados con 102.000 millones de pesos (unos US$ 7.800 millones), pero no se realizaron ninguna de las reformas a cuentas individuales, debido a que no se presentaron incentivos ni condiciones para que los sistemas se autoreformaran; los gobernadores y sindicatos han evitado pagar el costo político de reformar y la baja visibilidad del problema de pensiones les permite nadar de muertito y transitar a esquemas diferentes.
“La conclusión es clara, o se reforma urgentemente o no habrá -muy pronto- recursos públicos para dar cumplimiento a esas obligaciones y la presión puede explotar en el sexenio 2012-2018, causando una crisis social y política”.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.