Las grandes empresas tecnológicas –como Apple, Amazon, Facebook y Google– se propusieron explícitamente alterar gran parte del statu quo industrial y social del mundo. Tuvieron (sospecho) mucho más éxito del que jamás soñaron y, probablemente, más de lo que algunos de sus fundadores hubieran deseado, en vista de los efectos nocivos que las redes sociales han tenido en las elecciones democráticas.
La gran concentración de los modernos mercados digitales es indiscutible: en la mayoría de los casos, en un mercado dado hay una sola empresa dominante. No tiene nada de anormal: los usuarios tienden a congregarse en una o dos plataformas, según el servicio. Pero aun así, hay razones legítimas para preguntarnos si la competencia estará funcionando como es debido.
Cuantos más usuarios haya en la plataforma, más aplicaciones habrá, y viceversa. En otros casos, el volumen de usuarios puede determinar la calidad del servicio, al permitir mejores predicciones, alimentadas por el uso conjunto. Así funcionan el motor de búsqueda de Google y la aplicación de navegación Waze. Aunque para las búsquedas más comunes los motores de búsqueda competidores pueden igualar los resultados de Google, no pueden hacer lo mismo con los pedidos de búsqueda más inusuales, porque no tienen para ello datos suficientes.
Las empresas dominantes cuentan con la ventaja de las economías de escala. Algunos servicios demandan grandes inversiones en tecnología; en el caso de un motor de búsqueda, su diseño costará aproximadamente lo mismo tanto si recibe dos mil pedidos de búsqueda al año o dos billones. Lo que no será igual es el valor de los datos de los usuarios así generados.
Es así como a fuerza de efectos de red y economías de escala, la economía digital crea "monopolios naturales", en forma casi inexorable. La economía de Internet sigue una lógica en la que el ganador se lleva todo, aunque con diferentes ganadores según el sector y el momento.
Los diseñadores de políticas y reguladores de todo el mundo deben confrontar el hecho de que el razonamiento en que se basan las medidas tradicionales de defensa de la competencia ya no es válido. Suele ocurrir que una plataforma como Google o Facebook ofrezca un servicio muy barato –incluso gratuito– en un lado del mercado y cobre precios muy altos en el otro lado. Semejantes prácticas, en un mercado tradicional, se verían como una conducta predatoria con el objetivo de debilitar o aniquilar a un competidor más pequeño.
Así que lo primero que debemos preguntarnos es si el mercado está abierto a nuevos ingresantes. Cuando una empresa nueva tiene un único producto original que es mejor que el de la empresa dominante, puede ocurrir que esta trate de impedirle incluso ganar esa pequeña cuota de mercado.
De allí el carácter particularmente dañino de la práctica anticompetitiva de "venta en paquete". Una empresa monopólica puede cerrar el mercado a competidores en una amplia variedad de áreas obligando a los compradores de un producto a adquirir toda una serie de otros productos. Pero no es posible formular una solución universal a este problema.
Los reguladores deben emplear un análisis riguroso, y deben hacerlo rápido, para mantenerse a la par de los cambios.
Pero prevenir esas conductas en la práctica es difícil. Las leyes antitrust, especialmente en Estados Unidos, obligan a las autoridades a demostrar que una eventual fusión de empresas reducirá la competencia y perjudicará a los consumidores. Por eso, la efectividad de la legislación antitrust depende en última instancia de la capacidad y neutralidad de las autoridades de defensa de la competencia.
En cuanto a la legislación laboral, está claro que en su forma actual no se adapta bien a la era digital. Los códigos laborales de casi todos los países desarrollados se concibieron hace décadas, pensando en el obrero fabril, de modo que prestan poca atención a los contratos laborales temporales, y menos aún a teletrabajadores, contratistas independientes, freelancers o estudiantes y jubilados que trabajan a tiempo parcial como choferes de Uber.
Confrontados con las tendencias actuales del mercado laboral, a menudo los legisladores tratan de encajar las nuevas formas de empleo en los moldes antiguos. ¿Es un chofer de Uber un "empleado" o no? Algunos dicen que sí, porque no puede negociar precios y debe cumplir ciertos requisitos de capacitación y condiciones del vehículo, entre ellas la limpieza.
Otros sostienen que los choferes de Uber no son empleados. Al fin y al cabo, son libres de decidir cuándo, dónde y cuánto trabajar.
Lamentablemente, aunque el estatuto de los choferes de Uber y otros trabajadores de plataformas es discutible, la conversación no está yendo a ninguna parte. Cualquier categorización que se elija será arbitraria y, sin duda, cada uno la interpretará de manera positiva o negativa según sus prejuicios personales o su predisposición ideológica en relación con las nuevas formas de trabajo.
También se necesitan avances en lo referido a impedir que empresas y gobiernos sigan entrometiéndose en la vida privada de los consumidores. Básicamente, tenemos menos control sobre la información que reúnen las empresas y los gobiernos de lo que pensamos. Por ejemplo, una empresa puede obtener y almacenar información sobre personas que no usan su plataforma, o que ni siquiera usan Internet, por lo que publican otras personas.
Como Internet no tiene fronteras (lo cual en general es bueno), los países tendrán que cooperar cada vez más en materia tributaria; por un lado, para evitar una competencia impositiva entre ellos; por el otro, para aprovechar como fuente de ingresos este inmenso sector de la economía.
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